En la comparecencia del Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, hubo reiterados cuestionamientos de los legisladores sobre las cifras contradictorias de actos delictivos, y las dudas de que vayan a la baja, sino que prevalecen altos índices de inseguridad. Asimismo, expresaron la necesidad de analizar la conveniencia del Mando Único policial y preparar mejor a los elementos, así como garantizar el respeto a los derechos humanos.
Al abrir el encuentro y los diálogos, el diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, planteó su posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del PAN. Enfatizó que: “es lamentable que a dos años de la actual administración se encuentre reprobado en materia de seguridad, no es correcto que las políticas públicas se realicen desde la perspectiva individualista”.
Explicó que ante la creciente ola de violencia, inseguridad, injusticia y de legalidad que atraviesa Jalisco, se requiere implementar mejores modelos policiales, analizar el esquema del Mando Único, contar con herramientas tecnológicas para la persecución de los delitos, policías confiables; y entre otros temas, el fortalecimiento de las condiciones laborales de los elementos de seguridad.
En su turno, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco dio a conocer el pronunciamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del cual señala que el informe presentado por la Fiscalía General en este año de ejercicio, “es poco formal y falta información, es poco objetivo ya que no expresa lo que se vive en el Estado ya que reporta datos, cifras y números que se contradicen con los que se publican en instituciones del gobierno federal”.
A pesar del optimismo que presenta se observa que la violencia y la criminalidad se presentan continuamente en delitos dolosos y el secuestro. La inseguridad y la delincuencia son los problemas que aquejan a la ciudadanía. “La incidencia delictiva no está a la baja, las averiguaciones previas disminuyeron pero eso no significa que los delitos bajen y eso se debe a que se ha dedicado a alterar, manipular o alterar cifras; mal informando a la población y de lo que pasa al gobernador, pero eso no quiere decir que disminuyan los delitos”.
A nombre del PRI y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el legislador Hugo Daniel Gaeta Esparza, destacó que la procuración de justicia, la seguridad pública y el sistema penitenciario son temas que impactan el tejido social, por lo que es importante establecer los lineamientos en beneficio de la defensa de los derechos humanos en estos ámbitos.
Se refirió a la implementación de la Fuerza Única Regional, cuya presencia policial estratégica en las regiones del estado ha inhibido la delincuencia organizada y los delitos de bajo y alto impacto; aunque se pronuncio a favor de incluir en la misma a los 125 municipios. Propuso reforzar los trabajos interinstitucionales para prevenir la discriminación en los centros penitenciarios e implementar estrategias que faciliten la reinserción social.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Palos Vaca, destacó el trabajo realizado hasta el momento por la fiscalía en materia de seguridad pública y persecución de delitos. Aunque reconoció que la suma de voluntades del Estado y de los municipios, ha logrado la operatividad de la Fuerza Única Regional para prevenir los delitos de alto impacto; “es necesario integrar a los municipios faltantes al Mando Único, a fin de contar con mayores herramientas para lograr la seguridad que los jaliscienses requieren”.
Asimismo, el legislador Enrique Velázquez González representante de la fracción parlamentaria del PRD, coincidió con lo expresado con el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco al considerar que el informe no contiene los indicadores de la mayoría de los delitos que se cometen, “los índices tienden a la baja y no se publican las cifras reales”. Propuso trabajar conjuntamente y establecer plazos para dar resultados a la ciudadanía en materia de seguridad. Añadió que se debe dar principal atención a la procuración de los derechos humanos.
En su intervención el titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de seguridad. “Estamos conscientes de que no hay un país en el mundo, ni un estado, que haya logrado abatir en forma total la inseguridad”, pero se dijo consciente que el equipo de trabajo que labora en la Fiscalía está dando su mejor esfuerzo por brindar a la ciudadanía un estado con mayor tranquilidad y libre de delincuencia.
Preguntas y respuestas
En esta etapa de la comparecencia del fiscal participaron los diputados Hugo Gaeta, Mariana Arámbula Meléndez, Clemente Castañeda Hoeflich, Jesús Palos, Héctor Pizano Ramos, Elías Iñiguez Mejía, Víctor Sánchez, Enrique Velázquez, Clara Gómez Caro, Guillermo Martínez Mora, Nicolás Maestro Landeros, Juan José Cuevas García y Jaime Díaz Brambila.
Los cuestionamientos de los legisladores fueron principalmente en contra de las cifras sobre la disminución de índices de inseguridad y delitos; comportamiento del personal de la Fiscalía; feminicidio; violación de los derechos humanos; desaparición de personas; casos de tortura; fraudes en contra del erario público al quebrantar las finanzas del Congreso del Estado; maltrato y abuso sexual infantil; resultados de la Fuerza única y su coordinación con los demás cuerpos de seguridad municipales; población penitenciaria y su atención; acciones por el nuevo sistema de justicia penal y denuncias por el uso de vehículos oficiales en actividades preelectorales.
En las respuestas del funcionario, apoyándose en algunos de sus colaboradores, manifestaron que se tiene el propósito de cambiar sistemas de trabajo en la Fiscalía, inspeccionándose las agencias del Ministerio Público, con 118 visitas; 16 auditorías administrativas a las mismas, para para no victimizar doblemente a quienes acuden para encontrar una solución; y se combate la corrupción que había en los puestos de socorros, sobre todo por la presencia de “miritorios”.
Se iniciaron mil 032 procedimientos administrativos contra servidores públicos, con 26 amonestaciones; 142 ceses; 31 suspensiones, de las que 24 fueron temporales; siete autos de formal prisión al sorprenderlos en actos graves; y 519 averiguaciones previas, de las cuales 32 ya fueron consignadas, para combatir la corrupción.
Del tema de abuso infantil dijo que en 2014 se atendieron 10 mil 684 personas para valoración psicológica; dos mil 40 horas de terapias a jóvenes y niños; canalizado a ocho mil 608 personas a institucionales especializadas, y atención personalizada a dos mil 993 que acudieron al Fiscalía, y en el caso de mujeres tres mil 249 órdenes de protección. Dio más cifras sobre violencia intrafamiliar y concluyó en que 375 denuncias por maltrato se recibieron en el 2014 y en este año van 15, dándoseles seguimiento, por lo que seguirá trabajándose, incluyéndose la desarticulación de bandas de pornografía.
Por lo que se refiere al feminicidio, manifestó que es un tipo penal que tiene ciertas características y a falta de alguna de ellas no se da ese delito, ya que debe ser un homicidio por cuestiones de género, con odio, brutalidad y que haya una relación entre la víctima y el agresor, por lo cual las cifras no concuerdan. En 2013 hubo 20 feminicidios y en 2014 aumentaron a 34 casos, Se está iniciando el centro de atención de violencia en contra de la mujer, precisamente por la preocupación por ese tema.
Sobre las personas no localizadas, se depuró el padrón y los números son reales, ya que hay un equipo especial para este asunto, incluida la Policía Cibernética, y se ha detectado que algunas personas regresan a sus domicilios, que están detenidas o se fueron a trabajar a otra parte, por lo cual puede haber diferencias entre los números que se difunden y los que tiene la dependencia, que pueden modificarse día a día. Sobre la desaparición del líder nahua Celedonio Monroy, se informó al diputado Castañeda Hoeflich que sigue trabajándose en este asunto, incluyendo visitas a Ayotitlán, por lo cual se congratuló de que no se haya abandonado el caso.
En cuanto a los derechos humanos, precisó que las instrucciones que tiene son de que todas las investigaciones se realicen con apego a la ley, sin tratos infamantes y ningún hecho que vulnere los derechos de los detenidos. Admitió que puede haber malos elementos que pasen por alto esa orden, pero aseguró que las denuncias que se presenten de casos de tortura, se investigarán, pero no se ha presentado ninguna que haya terminado en señalamiento contra alguno de la Fiscalía, como tampoco una sentencia. Hubo 524 quejas en 2014 y 20 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y está trabajándose para atenderlas con diligencia.
Respecto a que en Jalisco abundan las armas y se roba demasiado combustible, el Fiscal contestó que pareciera que se ocupa los primeros lugares a nivel nacional en armamentismo, pero sólo se refieren los datos a los decomisos que se hacen como parte del trabajo que se lleva a cabo, además de que se recuperaron 121 mil litros, y en cuanto a los reclusorios se informó que en el 2013 se recibió una población de 16 mil 209 internos y actualmente son 18 mil 47.
El año pasado se inauguró una clínica de desintoxicación para menores y en uno de los centros de adultos hay otro; las consultas médicas sumaron 87 mil el año pasado, se proporcionan diariamente y se trasladan entre 12 y 15 reclusos al Hospital Civil para recibir tratamiento de especialidad. En cuanto a la reinserción, no se da en todos los casos porque algunos ya traen carrera delictiva. Y hay 29 empresas que dan ocupación a los que aprenden un oficio, además de los que cursan carrera de Derecho e instrucción educativa.
Por lo que se refiere a las denuncias por fraudes contra el Congreso, precisó el funcionario que todas las averiguaciones se están integrando, consultando información e diversas instancias, incluso federal, por lo que están en curso, y que pronto podría haber alguna sorpresa. Asimismo, giró instrucciones para que el Fiscal Central aporte mayores datos sobre los casos que en su oportunidad fueron presentados para su investigación. Además, invitó al diputado Víctor Sánchez para que en su oportunidad se comparen los números de delitos que se han presentado y que aparecen en libros y reportes, a efecto de hacer las observaciones sobre incrementos o disminución, en aras de la credibilidad.
Sobre el consumo de mariguana, debido a que se le cuestionó por la criminalización que tiene a 146 mil personas privadas de su libertad, coincidió en que este asunto debe analizarse más a fondo, si bien es del ámbito federal, cuando se establece que son adictos, pero reconoció que efectivamente debe castigarse a quienes se dedican a la venta o distribución de enervantes, por lo que se ha trabajado en detener a quienes cometen dichos delitos.
De la Fuerza Única apuntó que continúa la coordinación con las corporaciones municipales, que se escucha a los alcaldes, y que en los casos que se ha desarmado a elementos porque se comprueba la comisión de algún delito, aclaró que lo hace como responsable de la licencia colectiva, ya que las armas deben ser para proteger el bienestar de la sociedad, por lo que no se ha cometido ninguna violación a la autonomía municipal. Se aclaró también que sí se integró la averiguación por la denuncia que se presentó al detectarse la utilización de vehículos oficiales en actividades preelectorales.
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