
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, que preside el diputado José Aurelio Fonseca Olivares, para informar sobre la actuación del organismo durante la manifestación por el derecho al agua limpia, realizada el 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco.
Durante la comparecencia, la funcionaria sostuvo que la CEDHJ no encontró elementos para acreditar actos de tortura ni tratos crueles o inhumanos contra las 39 personas detenidas. Sin embargo, las y los legisladores cuestionaron estas conclusiones, debido a la existencia de videos y testimonios sobre presuntas agresiones, detenciones arbitrarias y retenciones dentro de las instalaciones de Casa Jalisco, así como la decisión de no solicitar evaluaciones conforme al Protocolo de Estambul, para documentar posibles actos de tortura.
Las y los diputados destacaron la falta de claridad sobre las actuaciones de los observadores de la Comisión, la verificación de las condiciones de detención, el seguimiento a las medidas cautelares y las diferencias entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones civiles. Asimismo, expresaron preocupación por la independencia de la CEDHJ y señalaron que su actuación debe centrarse en la defensa de los derechos humanos, sin responder a intereses de protección de la imagen del Gobierno estatal. Pidieron explicar por qué el 11 de octubre se desplegaron 16 observadores, mientras que el 18 de octubre participaron 36 servidores públicos, y los criterios utilizados para determinar ambas intervenciones.
El diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, consideró que el informe no refleja la totalidad de los hechos y pidió explicar qué acciones realizó la Comisión para documentar lesiones, periodos de incomunicación y posibles actos de tortura. También cuestionó si se verificaron directamente las condiciones del agua y las medidas de saneamiento para proteger la salud de las familias.
Por su parte, la diputada de FUTURO, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, pidió esclarecer las detenciones, el uso de la fuerza y las posibles violaciones a los derechos humanos. Cuestionó que se descartaran actos de tortura pese a los videos y testimonios difundidos sobre las agresiones durante la protesta. Además, señaló que mientras la CEDHJ reportó 39 personas detenidas, organizaciones civiles señalaron que 59 personas estuvieron no localizadas, por lo que solicitó aclarar las cifras y las acciones de verificación.
En tanto, la también legisladora de FUTURO, Mariana Casillas Guerrero, pidió identificar quién ordenó reprimir a los manifestantes. También solicitó información sobre las seis medidas cautelares, las denuncias presentadas y las garantías de atención médica, asistencia jurídica y comunicación con familiares para las personas detenidas.
El diputado de HAGAMOS, Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó que la CEDHJ argumente estar imposibilitada para entregar información debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso. Solicitó precisar si conserva una copia íntegra del expediente, cuántas actas circunstanciadas levantó y qué evidencias documentó sobre las detenciones y el uso de la fuerza. Asimismo, pidió que a la funcionaria se comprometa a proporcionar la información requerida por el Congreso.
De igual manera, el legislador el diputado Enrique Velázquez González señaló que el informe no responde a los requerimientos del Congreso sobre los acontecimientos del 11 y 18 de octubre. Cuestionó que se descarte la posible existencia de tortura y que se delegue a la CNDH la responsabilidad de verificar y emitir una resolución sobre los hechos. También pidió precisar qué observaron directamente los servidores públicos que estuvieron presentes durante las manifestaciones.
Por su parte, el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, calificó como incompleto el informe y cuestionó que no se realizaran evaluaciones conforme al Protocolo de Estambul a las personas detenidas. Señaló una contradicción entre descartar posibles actos de tortura y reconocer un probable uso excesivo de la fuerza pública, por lo que pidió a la titular de la CEDHJ comprometerse a realizar dichos estudios.
El diputado José Aurelio Fonseca Olivares, del PRI, reconoció la disposición de la Comisión para remitir el informe; sin embargo, señaló que la labor de un organismo defensor de los derechos humanos no debe limitarse a observar y documentar los acontecimientos, sino que debe procurar la protección efectiva de las personas. Por ello, pidió conocer qué acciones realizó para prevenir o detener posibles violaciones durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre.
Asimismo, el legislador Alberto Alfaro García, del PVME, preguntó sobre los protocolos que aplica la Comisión durante las manifestaciones y el personal que destina para acompañarlas. A su vez, la diputada Monserrat Pérez Cisneros, de MC, destacó que el derecho a la libre manifestación debe garantizarse. Recordó que, tras la protesta del 11 de octubre, la CEDHJ recibió 25 quejas y desplegó a 16 servidores públicos, por lo que pidió conocer el seguimiento a las seis medidas cautelares y las quejas recibidas por la movilización del 18 de octubre.
Mientras que, la diputada de MORENA, Norma López Ramírez, solicitó conocer qué información proporcionaron las autoridades sobre los hechos y qué acciones emprendió el organismo ante las presuntas violaciones a los derechos humanos. La legisladora morenista, María Candelaria Ochoa Ávalos cuestionó los criterios para determinar la existencia de tortura y uso excesivo de la fuerza. Señaló que hubo manifestantes que permanecieron incomunicados y presentaron presuntas lesiones, por lo que consideró grave que la titular de la Comisión afirmara no haber observado irregularidades.
En la reunión participaron también los legisladores Sergio Miguel Martín Castellanos y Martín Franco Cuevas, así como las diputadas Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y Mónica Magaña Mendoza.
Durante la sesión, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Jiménez rindió protesta como vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, para incorporarse a sus actividades legislativas.




