PROPONE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL

18 Noviembre 2026

Durante el ejercicio de la Segunda Glosa de Gobierno ante la Comisión de Seguridad y Justicia, presidida por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, el Procurador Social del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, presentó los resultados del segundo informe de actividades y planteó la necesidad de fortalecer presupuestal y operativamente a la institución, así como avanzar hacia su transformación en un Organismo Público Descentralizado (OPD).

Pizano Ramos subrayó que la Procuraduría Social es una institución pequeña con una responsabilidad enorme, equilibrar el sistema de justicia y acompañar a quienes no tienen a nadie más que al Estado. Destacó que los avances reportados, en sintonía con la visión del gobernador Pablo Lemus de acercar los servicios a la ciudadanía, han sido posibles gracias al respaldo de los gobiernos municipales y al esfuerzo de 418 colaboradores, pese a contar con un presupuesto actual de 209 millones de pesos que resulta insuficiente frente a la creciente demanda social, aunque genera un retorno estimado de 10 pesos en servicios por cada peso ejercido.

Entre los principales resultados expuestos ante las y los legisladores, se informó que la cobertura territorial pasó de 45 oficinas al inicio de la administración a 87 espacios activos, con convenios municipales sin costo presupuestal adicional ni nuevas plazas, además de sumar 159,145 asesorías en todas las materias.

El módulo itinerante Identidad y Justicia ha otorgado 72,188 servicios gratuitos con 95% de efectividad en sitio, mientras que las Brigadas Jalisco han recorrido 108 municipios mediante 147 brigadas.

En materia de defensa pública y representación social, se reportaron 171 mil 521 acciones de representación, una cartera vigente de 65 mil 329 juicios en diversas ramas, 30 mil 150 búsquedas testamentarias y cerca de 11 mil 487 audiencias de escucha de niñas, niños y adolescentes.

En justicia con perspectiva de género, se realizaron 112 entrevistas individuales en 2026, 150 expedientes permanecen en revisión, 161 mujeres privadas de la libertad recibieron asesoría y 25 recuperaron su libertad mediante mecanismos legales alternativos, con acompañamiento interinstitucional. Asimismo, se efectuaron 226 visitas a centros de atención a personas adultas mayores detectándose 63 sin registro oficial, 150 revisiones a registros civiles y se instaló el Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación (SIMEPS) con cerca de 89 instituciones para prevenir delitos como la trata y la explotación infantil.

Durante el intercambio con las y los diputados, incluidos planteamientos sobre preliberaciones, remuneraciones de defensores frente a ministerios públicos, carga laboral y atención del 11 de octubre, el procurador señaló que llevan 12 años sin creación de plazas pese al crecimiento de juzgados, estimando requerir tres personas nuevas por cada juzgado adicional y mayores recursos para capacitación. Finalmente, presentó una iniciativa para evolucionar hacia un Organismo Público Descentralizado con mayor autonomía técnica y jurídica, cerrar brechas legales y evitar convergencias con la Fiscalía del Estado.

Participaron en el desarrollo de este ejercicio, las legisladoras Claudia Murguía torres, Marta Estela Arizmendi Fombona, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y el diputado Edgar Enrique Velázquez González.