Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, compareció ante el Pleno del Congreso de Jalisco el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien presentó los resultados de la Fiscalía en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad. La sesión fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Edgar Enrique Velázquez González.
Durante la comparecencia, diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas cuestionaron los resultados en materia de procuración de justicia, el rezago en carpetas de investigación, las desapariciones y las indagatorias por el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. También abordaron las detenciones y presuntas violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones del 11 de octubre, la posible infiltración de grupos criminales en la Fiscalía estatal, así como las acciones para combatir los feminicidios, el robo de autopartes y los fraudes inmobiliarios.
Durante su intervención, González de los Santos informó que Jalisco redujo el rezago de carpetas de investigación pendientes por concluir y registró un incremento en órdenes de aprehensión, cateos y personas judicializadas, en comparación con el año anterior. También destacó un aumento en las vinculaciones a proceso y los acuerdos reparatorios, así como avances en la obtención de sentencias condenatorias.
El fiscal atribuyó estos resultados al trabajo del personal ministerial y al fortalecimiento de las capacidades especializadas de la Fiscalía, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones y mejorar la persecución penal. No obstante, reconoció que aún existen importantes retos en materia de procuración de justicia y que los avances presentados representan apenas una parte del trabajo pendiente. Reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la institución, combatir la impunidad y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía para recuperar y mantener la confianza en las autoridades.
Durante la ronda de preguntas, las intervenciones de las distintas bancadas se concentraron en exigir información sobre los resultados de las investigaciones, el esclarecimiento de hechos que involucran a servidores públicos, la atención a víctimas, las acciones para combatir la impunidad en la Entidad y el esclarecimiento del operativo realizado durante la manifestación para pedir agua limpia y de calidad.
El diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, cuestionó lo que consideró una actuación diferenciada de la Fiscalía, al señalar que existe mayor rapidez para detener a personas que ejercen su derecho a manifestarse que para atender hechos de violencia; así como, la legalidad de las 39 detenciones realizadas durante las protestas por la calidad del agua y pidió aclarar cuántas fueron calificadas como ilegales, así como los elementos que sustentaron la flagrancia de las siete personas presentadas ante un juez. Además, exigió que estas actuaciones no se justifiquen como simples errores y pidió asumir responsabilidades.
La diputada Mariana Casillas Guerrero, de FUTURO, pidió informar sobre las diligencias realizadas para investigar las denuncias de golpes, detenciones arbitrarias, incomunicación y tortura durante las manifestaciones del 11 de octubre. También pidió esclarecer las omisiones en el caso del rancho Izaguirre, determinar las responsabilidades de quienes debían mantener el inmueble bajo resguardo.
Asimismo, cuestionó los avances en las investigaciones sobre la presunta infiltración del crimen organizado en la Fiscalía de Jalisco, un problema que, recordó, fue reconocido públicamente durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro. Solicitó conocer cuántos servidores públicos han sido investigados o judicializados por posibles vínculos con grupos criminales y qué redes de complicidad han sido desarticuladas.
Por su parte, la diputada Brenda Carrera García, del PVEM, solicitó información sobre las denuncias relacionadas con presuntos secuestros, desapariciones y actos de tortura durante las manifestaciones. Preguntó si existen denuncias formales por estos delitos y si hay participantes de las protestas cuyo paradero se desconozca. También señaló que nueve de cada 10 delitos no se denuncian en Jalisco, por lo que pidió conocer qué acciones implementa la Fiscalía para fortalecer la confianza ciudadana. Además, solicitó cifras sobre carpetas iniciadas por crueldad y maltrato animal y sus resultados judiciales.
El diputado Edgar Enrique Velázquez González, de HAGAMOS, centró sus cuestionamientos en el caso del rancho Izaguirre y el presunto reclutamiento forzado por grupos delictivos. Preguntó si existen elementos para determinar si la administración anterior ocultó información sobre lo ocurrido y qué acciones emprendió la Fiscalía para preservar los indicios, evitar la alteración o destrucción de pruebas y garantizar el cumplimiento de los protocolos. Asimismo, señaló el rezago en la investigación de delitos de alto impacto, las deficiencias en las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y la necesidad de reforzar las acciones para combatir el robo de vehículos y autopartes.
Por el PRI, la diputada Alondra Getsemany Fausto de León reconoció los avances presentados por la Fiscalía, pero advirtió que persisten desafíos en la atención a víctimas y el acceso a la justicia. Cuestionó las medidas para agilizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como garantizar acompañamiento digno a sus familias. También solicitó información sobre las investigaciones relacionadas con posibles centros de reclutamiento y adiestramiento de grupos delictivos, el robo de carga y las acciones para prevenir la infiltración criminal en la Fiscalía. Sobre el caso del rancho Izaguirre, pidió conocer cuántos servidores públicos han sido investigados, suspendidos o sancionados por posibles omisiones.
Por su parte, el diputado Marco Tulio Moya Díaz, del PAN, cuestionó la disminución de delitos del fuero común reportada en el informe y señaló que debe analizarse en relación con los niveles de denuncia, ya que una baja en los registros no necesariamente representa una reducción real de la delincuencia. Indicó que más de nueve de cada 10 delitos no derivan en una investigación ministerial y pidió conocer la metodología utilizada para medir la incidencia delictiva; así como las metas para mejorar la atención a víctimas y concluir las carpetas de investigación.
Por MORENA, la diputada Itzul Barrera Rodríguez preguntó sobre las detenciones realizadas durante la manifestación del 11 de octubre, las presuntas irregularidades en el aseguramiento del rancho Izaguirre y la infiltración de personal de la Fiscalía por parte del crimen organizado. Solicitó conocer cuántos servidores públicos han sido procesados por las omisiones en el resguardo del inmueble, cuántas carpetas existen por posibles vínculos de funcionarios con grupos delictivos y quién ordenó las detenciones que fueron señaladas como ilegales.
La legisladora Adriana Medina Ortiz, de MC, planteó la necesidad de revisar los recursos presupuestales destinados a la procuración de justicia y preguntó si existe intercambio de información con otras entidades federativas para combatir las distintas modalidades de fraude. También solicitó conocer las acciones contra el fraude inmobiliario en Jalisco y cuántas investigaciones por feminicidio han aplicado protocolos con perspectiva de género.
Finalmente, la diputada de FUTURO, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, señaló que aún falta garantizar los derechos y la reparación del daño a las personas que fueron agredidas durante la manifestación del 11 de octubre. Afirmó que, a un mes de los hechos, no se han abierto carpetas de investigación contra los altos mandos señalados por las agresiones a los manifestantes.
