Con el objetivo de eliminar obstáculos legales y burocráticos que retrasan la localización de personas desaparecidas, la diputada Mariana Casillas Guerrero y el diputado Leonardo Almaguer Castañeda presentaron una iniciativa para otorgar certeza jurídica a las búsquedas extrajudiciales en predios y viviendas deshabitadas o abandonadas de Jalisco que se presuman de libre acceso.
La propuesta busca facultar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para realizar acciones de búsqueda en estos espacios, establecer reglas claras para su intervención y garantizar la protección de los derechos de las personas, así como la preservación de posibles indicios y evidencias ante cualquier hallazgo.
Durante la presentación, la legisladora Casillas Guerrero señaló que la desaparición de personas representa una de las crisis más dolorosas que enfrenta la Entidad, pues más de 16 mil 250 personas permanecen desaparecidas y no han sido localizadas en Jalisco. Advirtió que, ante la ausencia de sus seres queridos, las familias enfrentan retrasos administrativos y dificultades para realizar búsquedas, lo que en ocasiones las lleva a asumir tareas que corresponden al Estado, exponiendo incluso su propia integridad.
La diputada explicó que la falta de claridad jurídica puede convertirse en un obstáculo para ingresar oportunamente a inmuebles abandonados donde podrían localizarse indicios relacionados con personas desaparecidas. Detalló que la iniciativa que hoy presentaron pretende definir legalmente los conceptos de predios edificados y no edificados, así como de viviendas habitadas, deshabitadas y abandonadas, para establecer los alcances de las búsquedas extrajudiciales.
Precisó que, en el caso de viviendas habitadas, el ingreso deberá contar con el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o con la autorización judicial correspondiente, a fin de respetar los derechos de las personas y actuar conforme a la ley. Añadió que obtener una autorización para realizar estas acciones puede tardar meses o incluso años, por lo que consideró necesario eliminar las barreras que impiden actuar con oportunidad.
Por su parte, el diputado Leonardo Almaguer Castañeda afirmó que esta iniciativa responde a las exigencias de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, quienes demandan que sus derechos se traduzcan en acciones concretas desde el ámbito legislativo. Subrayó que la búsqueda extrajudicial tiene un enfoque humanitario y debe priorizar la localización de las personas desaparecidas, independientemente de los procesos penales o de las investigaciones para determinar responsabilidades.
Explicó que la propuesta busca eliminar obstáculos burocráticos y fortalecer la participación de familiares de personas desaparecidas y colectivos en las labores de búsqueda, con la intervención de la Comisión de Búsqueda estatal. Precisó que la iniciativa no pretende vulnerar el derecho a la propiedad privada, ya que las acciones se realizarían únicamente en zonas de libre acceso, sin forzar chapas o cerraduras ni modificar la titularidad legal de los inmuebles. Asimismo, señaló que, en caso de localizar posibles restos humanos u otros indicios, se dará aviso inmediato a las autoridades competentes para que realicen las diligencias correspondientes, con lo que concluiría la búsqueda extrajudicial.
El periodista Lauro Rodríguez advirtió que Jalisco acumula al menos cuatro años de retraso en la discusión de una reforma que brinde certeza jurídica a las familias buscadoras para realizar labores de búsqueda en viviendas abandonadas, donde ya se han localizado fosas clandestinas y personas desaparecidas. Señaló que desde 2022 colectivos de familiares realizan estas acciones por cuenta propia, ante la urgencia de localizar a sus seres queridos y las dificultades que enfrentan para obtener órdenes de cateo y respuestas oportunas de las autoridades.
Consideró necesario avanzar en la reforma para otorgar certeza jurídica a las personas buscadoras y evitar que la falta de autorización judicial obstaculice las labores de localización, así como el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. Asimismo, advirtió que las demoras en las búsquedas y los procesos de identificación forense pueden agravar la problemática. Mencionó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha reconocido limitaciones operativas y dificultades para identificar cuerpos en avanzado estado de descomposición, situación que requiere mayor capacidad técnica y recursos.
Por su parte, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, señaló que los procesos de búsqueda de personas desaparecidas deben evolucionar y responder a las necesidades actuales, a fin de brindar certeza jurídica a las familias buscadoras. Destacó que contar con órdenes de cateo oportunas y efectivas es fundamental para facilitar las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Explicó que la iniciativa surge de las necesidades planteadas por los colectivos ante las dificultades que enfrentan durante estas acciones. Asimismo, afirmó que, de acuerdo con su conocimiento, no se ha presentado una iniciativa similar en ninguna otra entidad del país.
