La diputada Mariana Casillas Guerrero y el legislador Alejandro Puerto Covarrubias anunciaron una serie de acciones legislativas urgentes para esclarecer las detenciones de manifestantes durante la movilización por agua limpia del pasado 11 de octubre, exigir responsabilidades a las autoridades y garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre el servicio de agua en Jalisco.
Los legisladores denunciaron que siete personas permanecen detenidas tras participar en la manifestación que exigió agua limpia y segura, y señalaron que buscarán esclarecer las circunstancias de su detención y las presuntas agresiones. Cuestionaron la legalidad de las detenciones y advirtieron que algunos podrían ser liberados, mientras otros enfrentarían su traslado al penal de Puente Grande.
Entre las medidas que impulsarán de manera urgente en el Congreso del Estado se encuentran: llamar a comparecer al Gabinete de Seguridad y al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado y Protección Civil y Bomberos, para que informen sobre los hechos registrados durante la manifestación y se esclarezca la actuación de las autoridades. Asimismo, pedirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco remitir el acta de investigación y los informes correspondientes.
Además, exhortarán a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua y al SIAPA a conformar una comisión ciudadana de seguimiento a la renovación de la infraestructura hidráulica y a las mejoras en el abastecimiento y la calidad del agua; solicitarán al organismo operador informe sobre las descargas irregulares en el canal de Las Pintas, las sanciones aplicadas y los criterios técnicos y sociales para la rotación del servicio anunciada para esta semana.
Casillas Guerrero sostuvo que el Congreso no debe limitarse a emitir posicionamientos, sino utilizar sus facultades para esclarecer los hechos, garantizar justicia a los manifestantes y transparentar las decisiones del Ejecutivo en materia de agua. Además, rechazó cualquier proyecto que implique privatizar la operación del servicio y defendió que permanezca bajo responsabilidad pública, con participación ciudadana.
Por su parte, el legislador Puerto Covarrubias calificó las detenciones y la actuación policial como un posible crimen de Estado y anunció que reunirán las pruebas necesarias para evaluar la presentación de un juicio político contra el gobernador Pablo Lemus Navarro. También planteó revisar las responsabilidades de los funcionarios con mando que pudieron ordenar o permitir las agresiones, así como analizar su posible separación del cargo, sin excluir la investigación de los elementos operativos que participaron.
Ambos legisladores también anunciaron que se evaluarán las responsabilidades administrativas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL) en la revisión de la calidad del agua y la posibilidad de promover un juicio político contra el director del SIAPA.
Finalmente, Casillas Guerrero informó que se organizan plantones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las inmediaciones de Puente Grande, Palacio de Gobierno, avenida Revolución y Periférico Norte. Señaló que la información se difunde a petición de colectivos ciudadanos, ante el temor de que se repitan actos de represión contra quienes exigen agua limpia.
