Garantizar el acceso al agua potable y de calidad, revisar las alternativas para financiar la infraestructura hidráulica y proteger los derechos humanos fueron los principales temas abordados durante una rueda de prensa de legisladoras y legisladores de Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo; plantearon la necesidad de analizar el costo del acueducto Chapala-Guadalajara y atender los hechos ocurridos durante la manifestación del 11 de octubre de 2026.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, presidente del grupo parlamentario de Hagamos, cuestionó el costo y el esquema de financiamiento propuesto para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Señaló que la iniciativa contempla dos opciones: un compromiso financiero de más de 39 mil millones de pesos a 20 años, que elevaría la deuda y los compromisos financieros estatales a más de 72 mil millones de pesos, o un esquema a 25 años por más de 48 mil millones, que los incrementaría a más de 81 mil millones de pesos. Frente a una inversión estimada de 11 mil 921 millones de pesos para la obra, propuso revisar su costo real, valorar otras fuentes de financiamiento y construir una solución integral que incluya saneamiento, rehabilitación de redes y diversificación de las fuentes de abastecimiento, sin privatizar la infraestructura.
El diputado Miguel de la Rosa Figueroa, de Morena, señaló que el Gobierno Federal ha invertido 8 mil 868 millones de pesos en infraestructura relacionada con el sistema El Zapotillo y expuso que existen obras estatales pendientes para aprovechar el agua disponible; consideró necesario revisar la propuesta del acueducto para ajustarla a la disponibilidad real del recurso y reducir costos; añadió que el problema metropolitano requiere atender la potabilización y la infraestructura de conducción, sin convertir el suministro de agua en una oportunidad de negocio privado.
La diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, titular del grupo parlamentario Futuro, condenó los hechos ocurridos durante la manifestación del pasado 11 de octubre y señaló que la respuesta de las autoridades debe privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos; anunció que buscará incorporar estos acontecimientos a la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad, solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República ante el presunto delito de desaparición forzada y promoverá que autoridades de seguridad y protección civil rindan un informe y comparezcan ante esta soberanía.
El diputado Leonardo Almaguer Castañeda, presidente del Partido del Trabajo, planteó que antes de aprobar la iniciativa se requiere un diagnóstico integral de los acueductos, las plantas potabilizadoras, los tanques de regulación y las redes de distribución; propuso ampliar la participación de especialistas independientes, colegios de ingenieros, organizaciones ciudadanas y los poderes públicos para construir alternativas que respondan a las necesidades de las familias que reciben agua de mala calidad o carecen del servicio.
Por su parte, la diputada Valeria Ávila hizo un llamado a las autoridades de Jalisco y a la sociedad civil para impulsar la liberación de las personas que, señaló, fueron detenidas arbitrariamente durante los hechos relacionados con la manifestación entre quienes identificó a un repartidor de plataformas, un artista y cocinero, un estudiante y un rescatista.
