Restringir la eutanasia y el sacrificio humanitario de animales, prohibir las mutilaciones con fines estéticos, eliminar progresivamente el uso de animales para tracción en zonas urbanizadas y fortalecer las sanciones por maltrato y abandono, son algunas de las propuestas que plantea la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez en una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Cuidados de los Animales.
La legisladora explicó que el sacrificio humanitario quedaría limitado a casos de enfermedad, lesión, condiciones graves o irreversibles, o enfermedades transmisibles que representen un riesgo grave y sean determinadas por una autoridad competente. También propone exceptuar de la prohibición de intervenciones quirúrgicas aquellas que sean médicamente necesarias, así como las esterilizaciones.
La iniciativa plantea además eliminar de manera progresiva el uso de animales para la tracción de vehículos destinados al transporte de personas, bienes, mercancías o residuos, así como para actividades comerciales, turísticas o recreativas en zonas urbanizadas. En este sentido, las autoridades municipales y estatales quedarían impedidas para otorgar nuevas autorizaciones.
Otro de los planteamientos busca fortalecer la protección penal frente al maltrato por acción y omisión. Para ello, propone incorporar expresamente al Código Penal las conductas omisivas cuando exista un deber jurídico de cuidado, como la falta de atención veterinaria, alimento, agua, abrigo, higiene o espacio indispensable para garantizar condiciones adecuadas de vida. También se contempla sancionar el abandono cuando genere un riesgo grave para la salud o integridad de los animales, así como establecer la posibilidad de imputar el homicidio animal derivado de una omisión a quien tenga el deber jurídico de cuidado.
Cárdenas Méndez señaló que la propuesta surge ante lo que consideró un retraso de Jalisco en materia de protección animal y una falta de responsabilidad institucional y administrativa. Añadió que la iniciativa fue elaborada con integrantes de colectivos de protección animal y busca homologar la legislación estatal con las recientes disposiciones aprobadas a nivel federal en materia de protección de los seres sintientes.
También se refirió a la situación de los animales bajo resguardo del municipio de Zapopan y cuestionó las condiciones de higiene, alojamiento, alimentación y acceso al agua, así como la falta, dijo, de un proceso de adopción responsable y transparente que permita conocer el destino de los animales. Señaló que el reglamento municipal contempla el sacrificio de animales después de cinco días hábiles sin ser reclamados y de 12 días hábiles para buscar soluciones disponibles, situación que calificó como preocupante ante la falta de transparencia en los procesos de ingreso, salida y adopción.
De acuerdo con las cifras expuestas por la legisladora, entre 2010 y 2021 el municipio habría sacrificado a 36 mil 997 animales. Además, cuestionó que la matriz de indicadores de Zapopan contemple como meta la realización de 3 mil 300 eutanasias durante este año, al considerar que las metas institucionales deberían orientarse hacia la recuperación, protección y adopción de los animales. Asimismo, señaló que el Consejo Municipal para la Protección y Trato Digno a los Animales de Zapopan, encargado de proponer medidas contra el maltrato y acciones de adopción y bienestar animal, no sesiona desde febrero.
En otro tema, Cárdenas Méndez informó que presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) una denuncia popular relacionada con la situación del río Milpillas, que desemboca en las cascadas de Huaxtla, en Zapopan. En ella, pidió la intervención de la autoridad federal ante las presuntas omisiones de autoridades locales y señaló que existe, desde su perspectiva, un posible conflicto de interés que impediría una actuación adecuada de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Indicó que también presentará ante el Congreso de Jalisco un acuerdo legislativo para solicitar al titular de la Procuraduría Estatal que rinda cuentas sobre las acciones realizadas y las posibles omisiones en materia de vigilancia y atención de la problemática ambiental en la zona. Sostuvo que se deben esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables por las afectaciones denunciadas en Huaxtla.
