La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, que preside la diputada Mariana Casillas Guerrero, aprobó el dictamen de la iniciativa que busca incorporar al marco jurídico de Jalisco el concepto de Patrimonio Medioambiental, Biodiverso y Biocultural, para lo cual se reformará la Ley Estatal sobre Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El objetivo principal es proteger, salvaguardar y catalogar la riqueza natural y biocultural de la entidad, mediante mecanismos que permitan identificar y preservar ecosistemas, áreas de valor ambiental, recursos naturales y elementos que forman parte de la identidad ambiental de Jalisco, frente a procesos de degradación y crecimiento urbano. La propuesta plantea que el Estado y los municipios elaboren y gestionen catálogos públicos de los bienes considerados Patrimonio Medioambiental, Biodiverso y Biocultural, con el propósito de contar con un registro accesible y transparente.
Asimismo, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y los 125 ayuntamientos tendrán un plazo de hasta 180 días hábiles para elaborar, integrar y publicar sus respectivos catálogos, además de homologar y reclasificar las zonas actualmente consideradas como “áreas de valor natural”. El dictamen también contempla mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales las personas podrán proponer la incorporación de bienes a los catálogos estatal o municipales y denunciar actos que pongan en riesgo o deterioren el patrimonio protegido.
Además, en esta sesión de trabajo se avaló una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de armonizarla con la Ley General de Aguas y fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la gestión del recurso hídrico.
La propuesta fortalece las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua para definir y evaluar la política hídrica estatal, coordinar la planeación y promover el uso sustentable del agua, considerando el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. También plantea ampliar las acciones de saneamiento, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Entre los cambios destaca el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento que operan fuera de las zonas atendidas por organismos municipales, intermunicipales o metropolitanos, así como el impulso a sistemas de captación de agua pluvial para uso personal y doméstico. La reforma busca fortalecer la gestión integral del agua, promover la participación social y avanzar en la protección y aprovechamiento responsable del recurso.
Participaron en esta reunión las legisladoras Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez y María Candelaria Ochoa Ávalos; así como el diputado Martín Franco Cuevas.
