Con el objetivo de fortalecer la prevención, detección temprana y atención integral del daño renal en Jalisco, la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Higiene y Salud, encabezó el parlamento abierto “Ley para la detección, prevención y atención de la enfermedad renal en el Estado de Jalisco”, donde especialistas y representantes de la sociedad civil participaron en una primera mesa de trabajo para enriquecer la propuesta y avanzar en la construcción de un dictamen que atienda esta problemática de salud pública en Jalisco.
Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de escuchar a quienes conocen y viven de cerca esta enfermedad, a fin de construir políticas públicas que permitan prevenir su avance, mejorar la atención de los pacientes, garantizar un acompañamiento adecuado y colocar la prevención como eje central para enfrentar una enfermedad estrechamente relacionada con padecimientos como la diabetes, hipertensión y obesidad.
Señaló que, de acuerdo con datos reportados por los Hospitales Civiles de Guadalajara, en 2025 se registraron más de 530 mil casos prevalentes acumulados de enfermedad renal crónica. Además, estimó que uno de cada 10 jaliscienses presenta algún grado de daño renal, lo que representa un reto para el sistema de salud del Estado. Destacó la importancia de actuar antes de que este padecimiento avance a etapas irreversibles.
Añadió que, la iniciativa plantea la creación de un Programa Estatal de Detección, Prevención y Atención del Daño Renal, que contemple la realización de estudios y jornadas gratuitas en los 125 municipios, particularmente dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo, en coordinación con el sistema de educación pública. También propone establecer un tamizaje obligatorio y un Registro Estatal de pacientes, con el propósito de contar con información precisa sobre la incidencia y evolución de la enfermedad. La legisladora subrayó que disponer de datos confiables es indispensable para diseñar políticas públicas y determinar las acciones requeridas.
Otro de los ejes de la propuesta es garantizar consejería, acompañamiento y seguimiento para las personas con resultados sospechosos o con un diagnóstico confirmado, además de fortalecer la capacitación y promover una mayor cultura de donación de órganos. También se contempla reconocer como sujetos prioritarios de asistencia social a los pacientes que se encuentren en los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal, con la finalidad de que puedan acceder de manera prioritaria a los apoyos que brinda la Secretaría de Asistencia Social.
Magaña Mendoza destacó que la participación de especialistas, organizaciones civiles y pacientes permitirá fortalecer la propuesta y garantizar políticas públicas permanentes. Asimismo, planteó destinar recursos específicos para infraestructura, equipamiento, operación e insumos, al considerar que la atención del daño renal requiere acciones y presupuesto.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez González señaló que desde 2015 se trabaja en Jalisco para atender el problema de la insuficiencia renal, particularmente en zonas como El Salto, Juanacatlán, Ocotlán y la Ribera de Chapala, donde diversos factores ambientales y sociales han sido relacionados con este padecimiento. Destacó la necesidad de fortalecer la prevención y la donación de órganos, al advertir que en México millones de personas viven con enfermedad renal y existe una falta importante de donadores y médicos nefrólogos.
El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, respaldó la iniciativa y se pronunció a favor de fortalecer la prevención y detección temprana del daño renal, para evitar complicaciones de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Advirtió que el sobrepeso, la obesidad y las dislipidemias también son factores de riesgo que pueden provocar un deterioro progresivo de los vasos sanguíneos y afectar directamente la función renal.
Durante el parlamento abierto, organizaciones civiles y fundaciones de trasplantados destacaron que la detección temprana y el tratamiento oportuno pueden prevenir complicaciones y reducir la necesidad de diálisis o trasplantes. Señalaron que para ello se requiere coordinación entre autoridades, instituciones de salud, escuelas y sociedad civil, a fin de garantizar atención digna y seguimiento adecuado a los pacientes.
