En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la diputada Mariana Casillas Guerrero realizó el diálogo “Verdad, Justicia y Memoria: Foro por la desaparición forzada en Jalisco”, donde especialistas y familiares de personas desaparecidas analizaron las causas y consecuencias de este fenómeno, así como los retos para garantizar verdad, justicia y reparación.
Al dar la bienvenida, la legisladora señaló que Jalisco concentra alrededor de 16 mil personas desaparecidas y no localizadas, la cifra más alta del país. Advirtió que detrás de estos casos convergen grupos criminales, redes de explotación, economías ilegales y autoridades que, por acción u omisión, pueden contribuir a la impunidad.
Dijo que la desaparición de personas trasciende a las víctimas directas, pues genera afectaciones profundas en sus familias y comunidades, además de favorecer escenarios de impunidad. Destacó además la labor de las familias buscadoras, quienes ante la falta de respuestas institucionales mantienen la búsqueda de sus seres queridos, preservan su memoria y exigen verdad, justicia y localización y la exigencia de justicia.
Durante el foro, Carmen Chinas, especialista en sociología, advirtió sobre las distintas formas de violencia vinculadas con las desapariciones y cuestionó que Jalisco continúe entre las entidades con mayor número de casos a nivel nacional. Explicó que las desapariciones pueden ser forzadas cuando intervienen agentes del Estado o cometidas por particulares, principalmente grupos criminales; sin embargo, subrayó que para las familias las consecuencias son similares, por lo que la búsqueda, investigación y atención deben garantizarse de manera integral, independiente del tipo penal.
Por su parte, Ulrike Capdepón, especialista en desaparición forzada, políticas de memoria y derechos humanos, comparó la situación de México con las experiencias de España y Chile durante las dictaduras de Franco y Pinochet, cuando la desaparición forzada fue utilizada como mecanismo de represión política y control social.
A diferencia de esos contextos, señaló que en México las desapariciones masivas se intensificaron desde 2006 en el marco de una democracia formal y está relacionada principalmente con la violencia criminal, incluido el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos, aunque con distintos niveles de complicidad estatal. Destacó que esta diferencia es fundamental para comprender las particularidades del fenómeno de la desaparición en México y sus responsabilidades actuales.
Finalmente, Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, señaló que las familias de personas desaparecidas enfrentan violencia institucional, social y mediática, mientras que los grupos criminales utilizan la desaparición como una herramienta para ejercer control mediante el terror y el dolor. Explicó que este fenómeno también alcanza a las autoridades, debido a la impunidad y corrupción que permiten la continuidad de estos hechos. Consideró que la violencia evidencia la debilidad del Estado para enfrentar de manera efectiva la problemática.
