Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de justicia penal para adolescentes, la diputada Brenda Carrera García propone reformar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para imputar responsabilidad penal agravada a menores de edad que cometan delitos de homicidio doloso y feminicidio.
La propuesta plantea que adolescentes de entre 12 y 17 años que incurran en estos delitos reciban las penas contempladas en el Código Penal correspondiente, en lugar de aplicar únicamente las medidas máximas de internamiento previstas actualmente en el sistema de justicia para adolescentes. De aprobarse la reforma, las sanciones por homicidio doloso serían de 12 a 18 años de prisión, mientras que en casos de feminicidio las penas alcanzarían de 40 a 70 años de cárcel.
Actualmente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento para menores responsables del delito de homicidio. La legisladora calificó esta penalidad como insuficiente ante el impacto que generan estos delitos en las víctimas y sus familias. “Una penalidad corta para quien le arrebató la vida a otra persona, para quien destruyó una familia completa, representa una profunda sensación de impunidad”, expresó.
Señaló que la propuesta busca responder a la gravedad de conductas delictivas de alto impacto y reforzar los mecanismos de procuración de justicia cuando menores de edad participen en delitos graves como homicidio doloso y feminicidio. Asimismo, aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar a las juventudes ni endurecer indiscriminadamente las penas, sino abrir el debate nacional sobre la responsabilidad penal de adolescentes en delitos de extrema gravedad.
La diputada advirtió que la violencia juvenil y la participación de menores en actividades delictivas va en aumento en México. Citó datos de la Estadística Sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL 2025) del INEGI, que reporta que durante 2023 se registraron 32 mil 852 adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos en el país, de los cuales ocho de cada diez fueron hombres. Entre los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes se encuentran lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo; además, más de mil 500 menores ingresaron a centros de internamiento durante ese año.
También alertó sobre el reclutamiento de menores de entre 9 y 17 años por parte de grupos criminales y señaló que distintos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Perú, India y China, ya contemplan mecanismos para juzgar como adultos a menores involucrados en delitos graves. “No podemos permitir que el homicidio y el feminicidio tengan consecuencias mínimas únicamente por la edad del agresor. No debemos normalizar la violencia ni la impunidad que debilitan el tejido social de México”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar esta propuesta con seriedad y sensibilidad, al considerar que la violencia relacionada con menores de edad y el reclutamiento por parte del crimen organizado son problemáticas que afectan tanto a Jalisco como al resto del país.
