Con el objetivo de exigir transparencia en el manejo de recursos públicos municipales, el diputado local Alberto Alfaro García informó sobre la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, relacionada con un contrato para el arrendamiento de camiones recolectores de basura en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Durante una rueda de prensa, el legislador señaló que la denuncia fue presentada en contra de la presidenta municipal, funcionarios del ayuntamiento y quienes resulten responsables, por presuntos delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Explicó que la denuncia deriva de una adjudicación directa realizada el pasado 10 de junio de 2025 para el arrendamiento de 20 camiones compactadores de basura por un monto cercano a los 25 millones de pesos.
El diputado indicó que, de acuerdo con la información expuesta, la contratación se justificó bajo una supuesta urgencia extraordinaria; sin embargo, aseguró que el servicio de recolección operaba previamente de manera regular en el municipio.
Asimismo, señaló presuntas inconsistencias financieras relacionadas con la suficiencia presupuestal aprobada para este concepto, así como movimientos de recursos que, afirmó, deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
Como parte de las acciones planteadas, el legislador solicitó tres medidas principales: la realización de auditorías profundas y la intervención inmediata de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para determinar posibles daños patrimoniales.
Además, solicitó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado rastree la ruta del dinero y analice posibles retornos de capital hacia funcionarios o familiares; y que se requiera el expediente completo para identificar a las personas servidoras públicas y regidores que autorizaron y operaron el contrato señalado.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la denuncia es que las autoridades competentes determinen posibles responsabilidades y garantizar transparencia en el uso del dinero público municipal.
