En conferencia de prensa, la diputada Mariana Casillas Guerrero presentó una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos fiscales y urbanos con el objetivo de establecer un esquema integral de tributación progresiva sobre los procesos de acumulación inmobiliaria, particularmente en materia de hospedaje temporal a través de plataformas digitales como Airbnb.
La legisladora explicó que la propuesta contempla una tasa progresiva para quienes ofrecen inmuebles en renta temporal, la cual aumentaría conforme crezca el número de propiedades destinadas a este tipo de alojamiento. Detalló que el impuesto iría desde un 5 por ciento para pequeños anfitriones hasta un 11 por ciento para operadores con más de 13 inmuebles en renta.
Además, la iniciativa incorpora mecanismos para evitar la evasión fiscal mediante la fragmentación patrimonial entre empresas o fideicomisos. Señaló que el Servicio Estatal Tributario podría identificar a los beneficiarios reales y acumular propiedades cuando exista simulación fiscal. Indicó que también se plantea crear un padrón obligatorio de inmuebles destinados al alojamiento temporal y etiquetar recursos recaudados para financiar vivienda pública, protección ambiental e infraestructura urbana municipal.
En materia de impuesto sobre transmisión patrimonial, la propuesta busca introducir tasas progresivas según el número de propiedades acumuladas por el adquiriente. Explicó que quienes posean más viviendas pagarían una mayor contribución, con tasas que irían del 3 al 15 por ciento, aunque se contemplan excepciones para vivienda popular y de interés social.
La diputada añadió que otro de los ejes centrales de la reforma es sustituir el valor fiscal actual por el valor de mercado para actualizar catastros y garantizar que las contribuciones reflejen el valor real de los inmuebles. Asimismo, se propone que el cálculo del impuesto tome como referencia el valor más alto entre el valor catastral y el pactado en la operación inmobiliaria, con el fin de evitar prácticas de subvaluación utilizadas para reducir cargas fiscales.
También destacó que la iniciativa pretende fortalecer las capacidades municipales y metropolitanas para fiscalizar procesos inmobiliarios, coordinar catastros y destinar mayores recursos a la producción de vivienda social. Además, afirmó que estas reformas buscan intervenir en las dinámicas de especulación y concentración inmobiliaria que, dijo, están expulsando a la población de las ciudades, precarizando el acceso a la vivienda y debilitando financieramente a los municipios.
Finalmente, Casillas Guerrero sostuvo que la crisis habitacional en Jalisco no puede entenderse únicamente como un problema de oferta y demanda, sino como una transformación estructural derivada de la financiación del territorio, donde la vivienda y el suelo urbano dejaron de concebirse como bienes sociales para convertirse en mecanismos de acumulación de capital.
