En su calidad de presidenta de la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez advirtió que Jalisco continúa enfrentando una crisis en materia de desaparición, por lo que subrayó la urgencia de fortalecer a las instituciones encargadas de atender esta problemática.
La legisladora reconoció que, aunque existe un avance en el reconocimiento de las desapariciones con respecto a administraciones anteriores, las acciones no han sido suficientes. Señaló que no basta con sostener reuniones con familiares de personas desaparecidas si no se traducen en acciones concretas que mejoren las condiciones de búsqueda y de atención.
En este contexto, hizo un llamado para garantizar condiciones laborales dignas para las y los trabajadores de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al destacar que su labor es fundamental en la localización de personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familias. Señaló que en esta institución laboran alrededor de 60 bajo el esquema de honorarios, lo que genera incertidumbre debido a la falta de pagos puntuales, que en ocasiones se realizan de manera retroactiva y no de forma quincenal; situación que afecta su estabilidad económica y emocional.
Cárdenas Méndez indicó que se requiere revisar y atender las condiciones en las que operan para garantizarles estabilidad laboral, condiciones dignas y certeza en el empleo, a fin de fortalecer su desempeño y mejorar los resultados en las acciones de búsqueda. Enfatizó que la precariedad laboral no solo afecta a las y los trabajadores, sino que también revictimiza a quienes buscan a sus seres queridos pues “no es solamente grave que el Estado falle a sus trabajadores, sino que falla también a las familias que buscan”, expresó.
Finalmente, subrayó que gran parte de las y los trabajadores participan en labores de campo junto a las familias, enfrentando altos niveles de riesgo, por lo que consideró indispensable se les garantice no solo certeza salarial, sino también seguridad laboral, espacios dignos de trabajo y atención a la salud mental. Agregó que esta situación no debe depender de voluntad política, sino que constituye una obligación institucional, “no podemos jugar con la certeza de vida de quienes sostienen esta labor, es una responsabilidad garantizarles condiciones dignas a quienes atienden una de las crisis más graves en Jalisco”.
