En rueda de prensa, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez advirtió que los incrementos en las tarifas del transporte público continúan impactando la economía de las familias en Jalisco, por lo que reiteró su postura crítica ante lo que calificó como un “tarifazo” que sigue afectando a miles de usuarios.
Durante el encuentro con medios de comunicación, estuvo acompañada por las legisladoras María Candelaria Ochoa Ávalos, Itzul Barrera Rodríguez, Valeria Ávila Gutiérrez y Mariana Casilla Guerrero, quienes coincidieron en que el aumento representa una carga adicional para quienes dependen diariamente del transporte para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.
La legisladora recordó que, gracias a la movilización y organización ciudadana, se logró frenar la decisión de elevar la tarifa del transporte público a 14 pesos, una medida que habría afectado principalmente a las personas con menores ingresos, quienes en muchos casos deben utilizar entre seis y ocho camiones para realizar sus actividades diarias. Señaló que este retroceso en la medida fue resultado de la presión social y de la exigencia de la ciudadanía.
Cárdenas Méndez sostuvo que una de las principales demandas de la población ha sido mejorar primero la calidad del servicio antes de discutir cualquier incremento en la tarifa. En ese sentido, informó que se han presentado iniciativas legislativas que buscan evitar que decisiones como esta se repitan, entre ellas la democratización del Comité Técnico Tarifario para que participen directamente usuarios del transporte, a fin de que sus experiencias y necesidades sean consideradas en la toma de decisiones.
Explicó que también plantearon la creación de una tarifa social que tome en cuenta indicadores como los niveles de pobreza y el porcentaje del ingreso familiar destinado al transporte a fin de evitar incrementos abruptos que afecten a la población más vulnerable. A ello se suman propuestas para mejorar el sistema de movilidad, como garantizar la frecuencia de paso de las unidades, implementar transbordos multimodales y gratuitos, ampliar los horarios del servicio y mejorar las condiciones laborales de las y los operadores.
Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa Ávalos señaló que uno de los avances logrados fue frenar el uso de la tarjeta Broxel para el pago del transporte público; sin embargo, indicó que aún falta claridad sobre el contrato firmado para la emisión de 2.5 millones de tarjetas, cuestionó lo que ocurrirá con este acuerdo considerando que únicamente se han entregado alrededor de 60 mil, y advirtió que persisten dudas sobre el financiamiento de los tres pesos adicionales en la tarifa.
En su intervención, la diputada Itzul Barrera Rodríguez señaló que el aumento a 14 pesos fue una decisión directa del gobernador y que las críticas de la ciudadanía durante varios meses llevaron finalmente al gobierno estatal a reconsiderar la medida. En tanto, la legisladora Valeria Ávila Gutiérrez afirmó que el retroceso en la tarifa fue resultado de la presión de la sociedad civil, pero evidenció una forma de gobernar basada en la improvisación.
Finalmente, la diputada Mariana Casilla Guerrero hizo un llamado a las autoridades para revisar las condiciones del servicio y atender las demandas de las y los usuarios, con el propósito de garantizar un sistema de transporte público eficiente, accesible y con tarifas justas para la población.
