Durante sesión plenaria presidida por la diputada Claudia Murguía Torres, se aprobó la creación de una Comisión Especial de carácter temporal encargada del estudio y dictaminación de los asuntos relacionados con el juicio para la protección de los derechos político-electorales, particularmente en lo referente al municipio de Bolaños.
La comisión será presidida por el diputado Miguel de la Rosa Figueroa; como secretaria participará la diputada Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, y como vocales las y los diputados Marco Tulio Moya, Aurelio Fonseca Olivares, Edgar Enrique Velázquez González, Brenda Guadalupe Carrera García, Tonantzin Cárdenas Méndez, José Guadalupe Buenrostro Martínez y Leonardo Almaguer Castañeda.
Entre sus atribuciones destaca la posibilidad de invitar y convocar a autoridades federales, estatales y municipales a reuniones de trabajo para allegarse de la información necesaria que permita atender los asuntos de su competencia.
La comisión deberá analizar las sentencias relacionadas con el juicio político-electoral y elaborar el decreto de declaratoria formal del cambio de régimen de gobierno del municipio de Bolaños hacia sistemas normativos internos, además de identificar las adecuaciones necesarias al marco legal estatal en materia electoral, municipal e indígena; asimismo, deberá garantizar que el decreto contemple la inclusión de la población no indígena y la justicia lingüística en lengua wixárika.
Durante la misma sesión también se aprobó el dictamen de decreto para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al incidente de incumplimiento relacionado con la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, a fin de otorgarle el presupuesto correspondiente conforme a la ley.
La adecuación presupuestal responde a la actualización de información poblacional y territorial, considerando que actualmente la comunidad cuenta con 22 localidades y una población de 2 mil 326 habitantes, lo que permite recalcular las participaciones conforme a la Ley de Coordinación Fiscal; con ello se busca garantizar una distribución justa de los recursos públicos, fortalecer la justicia social y asegurar que los pueblos originarios accedan al presupuesto que les corresponde sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.
Estas acciones contribuyen a brindar certeza jurídica, fortalecer la inclusión y garantizar una correcta asignación de recursos públicos en beneficio de las y los jaliscienses.
