Con el objetivo de fortalecer la vigilancia del gasto público y garantizar que quienes encabecen los órganos internos de control cuenten con capacidad técnica y ética, el Congreso del Estado realizó entrevistas públicas a aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa. Este proceso resulta relevante para la ciudadanía, ya que de su resultado depende la supervisión interna de un órgano encargado de resolver controversias en materia administrativa y sancionar posibles faltas.
Las entrevistas fueron presididas por los diputados Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción y Tonatiuh Bravo Padilla; con la participación de integrantes del Comité de Participación Social.
En esta etapa se registraron 13 de 16 aspirantes, quienes comparecieron para exponer su perfil profesional y responder cuestionamientos orientados a evaluar objetivamente sus conocimientos, su compromiso con la rendición de cuentas y su visión del sistema anticorrupción.
Entre los cuestionamientos formulados, se abordó si el Congreso puede conocer el plan anual de auditorías del tribunal y su desempeño trimestral mediante indicadores auditables, a fin de fortalecer la transparencia sin vulnerar la autonomía del órgano; también se cuestionó a los aspirantes si consideran si el Órgano Interno de Control debe emitir informes internos de desempeño sobre el cumplimiento fiscal y administrativo.
Otro eje de evaluación fue la capacidad de liderazgo, considerando que la persona titular del órgano interno de control encabeza una estructura con personal a su cargo; a las y los aspirantes se les solicitó describir experiencias previas de conducción de equipos para cumplir objetivos estratégicos, así como las acciones implementadas para coordinar tareas y asegurar resultados.
Acudieron a esta etapa: Diego Guillermo Méndez Medina, José Alberto Zaragoza Ruiz, Daniel Alejandro Pinzón Estévez, Alicia Ornelas Aguayo y Eunice Alejandrina Acuña Cárdenas, entre otros; las entrevistas forman parte del procedimiento legislativo para designar a la persona que asumirá esta responsabilidad, con base en criterios de mérito, experiencia y compromiso institucional.
