Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las acciones legales ante el reciente aumento a la tarifa del transporte público, se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por el diputado Alejandro Puerto Covarrubias, en la que se expusieron los alcances jurídicos y sociales de la medida adoptada por el comité tarifario, sin la intervención del Congreso del Estado.
Durante el mensaje, se señaló que el incremento a la tarifa impacta de manera directa la economía de millones de personas usuarias del transporte público y fue autorizado fuera de las facultades este Poder, al tratarse de una decisión que, conforme al principio de reserva de ley, corresponde exclusivamente al legislativo; se subrayó que ninguna comisión administrativa puede sustituir la soberanía legislativa ni asumir atribuciones que no le competen.
Como primera línea de acción, se anunció la promoción de un amparo colectivo para frenar el aumento, al considerar que no existe justificación legal para autorizar incremento alguno, esta vía jurídica busca impedir que se aplique un solo centavo adicional a la tarifa, al tratarse de un acto que se considera inconstitucional y contrario a la división de poderes.
Se advirtió también que el aumento, aunque presentado como mínimo, mantiene un modelo de transporte sostenido mediante subsidios y decisiones tomadas fuera del Congreso, lo que normaliza prácticas que excluyen a la ciudadanía del proceso de definición tarifaria y se enfatizó que aceptar incrementos ilegales, independientemente de su monto, representa una afectación al derecho de las personas usuarias.
Finalmente, se anunció como segunda acción la promoción de una acción de inconstitucionalidad desde el Congreso del Estado, con el fin de que se defina con claridad quiénes están dispuestos a defender la Constitución frente a lo que se calificó como una ilegalidad evidente, reiterando que el transporte público es un derecho social y no una decisión administrativa tomada de espaldas a la ciudadanía.
