Capacitación para servidores públicos, atención multidisciplinaria, coordinación interinstitucional, unificación de protocolos y fortalecimiento de procesos de identificación son algunas de las acciones realizadas por las dependencias encargadas de atender a familiares de víctimas de desaparición forzada en la entidad.
En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, comparecieron ante la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Durante su intervención, Víctor Hugo Ávila Barrientos, encargado de la Comisión de Búsqueda de la entidad dijo que actualmente se reportan 15 mil 983 personas desaparecidas en la entidad; insistió en que tienen retos como: fortalecer capacidades forenses y coordinación con instituciones de la actividad penal; agregó que se ha capacitado al personal en materia de perspectiva de género, pilotaje de drones, identificación y ciberseguridad, además de publicar mil 935 cédulas de búsqueda.
En su turno, Francelia Hernández Cuevas, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas refirió que se ha trabajado en fortalecer los procesos de acompañamiento y representación jurídica para familiares, así como reducir el tiempo de atención de dos horas a veintiséis minutos y enfatizó la entrega de apoyos a cerca de tres mil familias.
Lo propio hizo Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al destacar que se tiene un Centro de Identificación Humana, realizan brigadas regionales y se modernizan protocolos; aunado a lo anterior se impartió un taller de capacitación respecto al uso de cámaras con infrarrojo que permite recuperar tatuajes o marcas no visibles; asimismo, se han identificado cincuenta y cuatro cuerpos los cuales fueron restituidos a sus familiares y se tomaron mil 825 muestras biológicas con el objeto de obtener los perfiles genéticos.
Durante la ronda de preguntas los legisladores cuestionaron respecto a los objetivos presupuestales; personal que opera el equipo infrarrojo; tiempo para identificar todos los restos; número de persona que se requiere para asesoría jurídica y reparación integral; carpetas de investigación en proceso; causas por los que los sitios de hallazgo se retoman por el crimen organizado; número de personas localizadas; número de estados con los que se tiene comparte una base genética; acciones para resguardo de cuerpos; criterios de evaluación; lineamientos para garantizar los derechos; falta de resoluciones emitidas por jueces; proceso de inclusión en el registro nacional de fosas comunes; entre otras.
A lo que los funcionarios respondieron que se requiere un presupuesto fortalecido en cuanto a la contratación de personal y compra de tecnología; se cuenta con 136 personas capacitadas en identificación humana mediante el uso de cámaras infrarrojas; se estima un tiempo aproximado de dos años para abatir el rezago en la identificación; se encuentra en trámite 250 expedientes para resolver la reparación integral del daño; se han localizado mil 394 personas y mantiene una base de datos compartida con los estados de Colima, Zacatecas, Guerrero, Campeche, Michoacán y Aguascalientes; asimismo, destacaron que se tienen identificados once espacios de inhumaciones clandestinas, y se pretende crear polígonos de protección. Agregaron que su principal indicador son las localizaciones.
Para concluir los diputados solicitaron a los asistentes eficientar el gasto, dar certeza laboral a los servidores públicos para evitar la rotación de personal e implementar tecnología que detone en la entrega de los cuerpos a sus familiares.
Estuvieron presentes los legisladores: Omar Cervantes Rivera, Itzul Barrera Rodríguez, Leonardo Almaguer Castañeda y Valeria Ávila Gutiérrez.
