Con el propósito de brindar certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios, el diputado Omar Enrique Cervantes Rivera presentó la propuesta “Renta Segura”, una iniciativa que plantea reformar diversas disposiciones del Código Civil, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de Vivienda y la Ley de Catastro Municipal.
El legislador explicó que la propuesta tiene como finalidad establecer mecanismos de confianza y protección en los contratos de arrendamiento, garantizando el acceso efectivo a la justicia en las relaciones de arrendamiento habitacional mediante cláusulas preventivas de métodos alternos de solución de controversias.
Además, propone la creación de un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional, validado por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), que promueva condiciones equitativas y esté vinculado al Registro Estatal de Vivienda, fortaleciendo así, la gobernanza territorial y la política pública de vivienda para habitar.
Cervantes Rivera destacó que “el 30 por ciento de la población paga una renta y más de la mitad no tienen un contrato de arrendamiento, por lo que esta iniciativa forma parte de la estrategia denominada ’derecho al techo’, su objetivo es lograr que cada persona pueda habitar con tranquilidad y paz, y que en las situaciones de conflicto se pase de la confrontación al entendimiento y del litigio al diálogo”.
Recordó que, según datos del Poder Judicial de Jalisco, en 2023 se registraron 132 mil 397 asuntos en primera instancia, de los cuales más del 40 por ciento correspondieron a materia civil. De igual forma, el IJA recibió 43 mil 395 solicitudes de mecanismos alternativos, con 65.6 por ciento relacionadas con conflictos civiles.
Con estas reformas se espera la reducción de litigios civiles, la prevención de conflictos y desalojos arbitrarios, la formalización del mercado de la vivienda en renta, fortalecer la confianza y equilibrio entre arrendador y arrendatario, la reactivación del parque habitacional, una coordinación efectiva entre el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), el IJA y los municipios, y la disminución del gasto público en justicia civil.
El legislador explicó que, en el año 2023, el Poder Judicial registró 132 mil 397 asuntos ingresados en primera instancia, de los cuales, el 40 por ciento, es decir 52 mil 985, correspondieron a materia civil; y del total de los asuntos concluidos, el 35.2 por ciento también fueron civiles, manteniendo esta materia como la principal carga operativa del sistema judicial.
Acudieron a apoyar esta iniciativa Guillermo Zepeda Leucona, Director del IJA; Luis Guillermo Medrano Barba, titular del IJALVI; el magistrado Armando Ramírez Rizo en representación del STJE; al igual que, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), Julieta Correa Cabrales; y José Lucio Jiménez García del Colegio de Abogados, entre otros.
