En el Congreso del Estado, las y los diputados Mariana Casillas Guerrero, Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, Enrique Velázquez González y Tonatiuh Bravo Padilla, sostuvieron un encuentro con Frida Hernández Sánchez y Denise Montiel Flores, representantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), quienes expusieron las omisiones y retrasos en la creación de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura (FEIDT).
Durante la reunión, las representantes del CEPAD señalaron que la falta de avances en la consolidación de esta fiscalía constituye un incumplimiento del Estado en materia de derechos humanos, particularmente en la atención, investigación y sanción de estos casos de tortura pues sigue siendo una práctica vigente y generalizada en Jalisco, cometida en condiciones de total impunidad.
Pidieron al Estado salde la deuda con las víctimas, creando una fiscalía con autonomía técnica y operativa, capaz de investigar y sancionar los actos de tortura, brindar atención integral a las víctimas y garantizar la reparación del daño. Advirtieron que la tortura se ha institucionalizado como método de represión social, con testimonios de personas privadas de la libertad que aseguran haber sido torturadas para auto inculparse, además de casos en centros de rehabilitación, detenciones arbitrarias y violencia contra personas en situación de calle.
La diputada Mariana Casillas Guerrero enfatizó que la creación de esta fiscalía no debe limitarse a un trámite jurídico, sino asumirse como una transformación profunda del poder público para erradicar la violencia institucional. Recordó que entre 2006 y 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió 201 recomendaciones por tortura o malos tratos, de las cuales solo 60 fueron reconocidas como tortura, y que ninguna de las más de 100 carpetas de investigación abiertas derivó en una sentencia firme.
Destacó que el Congreso del Estado aprobó la creación de la FEIDT en mayo de 2025, ocho años después de la publicación de la ley que la mandata, y calificó este retraso como “una forma de negación que mantiene intacta la impunidad”. Se comprometió a respaldar las demandas del CEPAD y a dar seguimiento puntual a las acciones que garanticen una fiscalía autónoma, efectiva y con verdadero compromiso hacia los derechos humanos.
Finalmente, los legisladores Enrique Velázquez González, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez coincidieron en la urgencia de contar con una fiscalía especializada, autónoma y con capacidad para investigar con eficacia los actos de tortura, garantizando justicia para las víctimas y fortaleciendo el respeto a los derechos humanos en Jalisco.
