
La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presidida por el diputado Alberto Alfaro García, aprobó en sesión de trabajo, las convocatorias públicas para la designación de los cargos de Auditor Superior del Estado, del Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa.
Estas designaciones tendrán como objetivo fortalecer los mecanismos de supervisión, prevenir actos de corrupción y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
La convocatoria para el cargo de Auditor Superior del Estado contempla un periodo de 8 años, mientras que los titulares de los órganos internos de control de la CEDHJ y el Tribunal de Justicia Administrativa desempeñarán sus funciones durante 4 años.
Las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable y serán evaluados bajo criterios de capacidad, experiencia y compromiso con la legalidad y la transparencia; las convocatorias serán publicadas en los próximos días en los canales oficiales del legislativo para garantizar un proceso abierto y accesible a perfiles profesionales.
Durante la sesión de trabajo, también se aprobó solicitar al titular de la Unidad de Vigilancia un informe detallado sobre el estado que guarda dicha área, con énfasis en los expedientes activos y concluidos, asuntos pendientes, documentos bajo resguardo y procesos administrativos en curso.
Este informe será remitido a la presidencia de la comisión con el objetivo de contar con un panorama integral del funcionamiento interno de la Unidad, previo al proceso de entrega-recepción correspondiente.
Lo anterior permitirá fortalecer la continuidad institucional y asegurar que todas las actividades se realicen bajo principios de orden, legalidad y transparencia.
El presidente de la Comisión destacó que estas acciones son fundamentales para reforzar el sistema de fiscalización del estado.
Señaló que el proceso se llevará a cabo bajo estándares de transparencia y participación pública, garantizando que las designaciones respondan a la demanda ciudadana de contar con instituciones confiables y libres de corrupción.
Asimismo, reiteró que la comisión legislativa actuará con rigor institucional para evaluar perfiles que prioricen el interés público y la rendición de cuentas.




