Con el fin de garantizar la proporcionalidad de las sanciones en materia penal y fortalecer el desarrollo rural del estado, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, presidida por la diputada Norma López Ramírez, aprobó reformas al Código Penal, a la Ley de Compras Gubernamentales y a la Constitución Política del Estado de Jalisco.
En primer término, se dictaminaron las reformas a los artículos 54 y 144 del Código Penal, con el objetivo de eliminar la palabra “perpetua” del texto legal, en concordancia con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de armonizar la graduación de las penas por inhabilitación de servidores públicos con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; estas modificaciones fortalecen la certeza jurídica y proporcionalidad de las sanciones, garantizando que ninguna pena sea considerada excesiva, infamante o contraria a la dignidad humana.
Asimismo, se reformó el artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado y sus Municipios, para establecer sanciones congruentes para personas físicas y morales que incurran en faltas graves, unificando criterios con la legislación federal en materia de responsabilidades administrativas.
En sesión de trabajo, las y los legisladores también aprobaron el Dictamen de Ley que reforma la fracción X del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, mediante el cual se propone asignar un presupuesto constitucional mínimo del 1% al desarrollo rural,el cual ira en asenso año con año, hasta llegar al 5 % garantizando con ello recursos permanentes para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco).
Además, informó la diputada presidenta que durante su primer año al frente de la Comisión, la diputada informó que más del 50% de los asuntos han sido dictaminados, mientras que los pendientes corresponden a iniciativas que proponen sanciones o tipificaciones en materia de maltrato animal, las cuales aguardan la publicación de la Ley General para ser constitucionalmente viables. Destacó que las reformas de mayor avance fueron las constitucionales, entre ellas la que transforma al Instituto de Transparencia en la Contraloría del Estado como órgano garante, así como las que fortalecen las fiscalías especializadas en tortura y desaparición de personas.
