
Con el fin de fortalecer el marco jurídico de protección a niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento forzado, se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco la Cuarta Mesa de Trabajo “Competencia del Congreso de Jalisco para crear el delito de reclutamiento”, impulsada por la diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.
Durante la jornada, legisladoras, especialistas, magistrados y representantes de organismos nacionales e internacionales coincidieron en la necesidad de que las entidades federativas avancen en la armonización legislativa para atender el fenómeno del reclutamiento infantil, uno de los rostros más graves de la violencia que enfrenta el país.
La diputada Norma López Ramírez subrayó que el análisis se centra en determinar la competencia del Congreso de Jalisco para legislar en materia de reclutamiento, evitando duplicidades con leyes federales y garantizando la constitucionalidad de la propuesta, señaló que el trabajo técnico-jurídico busca construir un tipo penal local sólido, basado en los estándares internacionales y en la experiencia de otras entidades como Hidalgo y San Luis Potosí, que ya han tipificado el delito.
Por su parte, la diputada Mónica Magaña enfatizó que este esfuerzo legislativo responde a una demanda social y humanitaria, y destacó que el Congreso de Jalisco avanza también en la creación de un Sistema Estatal de Protección y Prevención del Reclutamiento Forzado Infantil, que complementará la tipificación penal.
En los trabajos participaron expertos del Poder Judicial, de la academia y de organismos especializados en derechos humanos, como el doctor Israel Sánchez Sánchez, la magistrada Mónica Güicho González, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez, el doctor Armando Hernández Cruz, así como especialistas de Aguascalientes, Puebla, Guanajuato y Sinaloa, además del diputado Alejandro Puerto Covarrubias.
Las y los participantes coincidieron en que la coordinación entre niveles de gobierno, instituciones judiciales y sociedad civil será determinante para consolidar un marco jurídico eficaz que proteja la integridad y el futuro de las infancias en Jalisco.