Con el propósito de visibilizar y atender la problemática del reclutamiento forzado de menores en Jalisco, la diputada Mónica Magaña Mendoza encabezó una mesa de diálogo en la que participaron autoridades gubernamentales, representantes del Poder Judicial y organizaciones civiles. El encuentro tuvo como finalidad analizar y enriquecer la iniciativa de la Ley de Prevención y Erradicación del Reclutamiento Forzado Infantil de Jalisco.
La legisladora subrayó la importancia de tipificar este delito que actualmente no se contempla a nivel federal ni estatal, lo que impide contar con datos precisos de los infantes afectados. Esto permitirá que Jalisco se convierta en el tercer estado del país en sancionarlo dentro de su Código Penal, y el segundo en contar con un sistema especializado de atención, prevención y erradicación.
Señaló que la iniciativa, que se presentará este mes, enviará un mensaje contundente a los grupos criminales al imponer la máxima penalidad de ley a quienes recluten menores, estableciendo agravantes cuando el delito sea cometido por un familiar, un servidor público o una persona con autoridad sobre la víctima. Con ello, se pretende garantizar la protección integral de las familias en situación de vulnerabilidad por esta problemática social y reducir los índices de delincuencia.
Durante la jornada, los participantes coincidieron en la urgencia de generar políticas públicas que reconozcan a los menores reclutados como víctimas, se priorice la prevención y se coordinen acciones entre municipios y el gobierno estatal para atender las causas estructurales de esta problemática. Proponen que la Secretaría de Salud brinde atención médica, psicológica y psiquiátrica a las víctimas con enfoque diferencial y las acompañe en su reincorporación familiar y social.
Se promueva la inclusión laboral, se habilite un refugio especializado fuera del Estado para la protección de los menores, establecer sistemas de alerta temprana, definir legalmente las figuras de “víctima” como todo menor que haya sido, esté siendo o se encuentre en riesgo inminente de ser reclutado, y la de “reclutador”; delimitar los modelos de atención, crear sistemas de alerta temprana para identificar perfiles de riesgo y grupos vulnerables,
Así como, generar indicadores específicos para diseñar acciones en materia de seguridad pública y establecer los roles de las procuradurías para eficientar las políticas actuales y brindar atención efectiva a las víctimas. Además de armonizar los términos legales con las reglamentaciones a nivel nacional y los estándares internacionales en la materia, entre otros puntos.
En el encuentro participó la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Adriana Medina Ortiz; así como Pedro Javier Carrasco Rueda Quijano, Director de Políticas Públicas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad; Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especial en Personas Desaparecidas; Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas; el magistrado Damián Campos García en representación del STJE.
Además de Mayra Zepeda, Directora de Menores de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia; Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Juan Pablo Rodríguez de la UNICEF; Julio César García Mújica, secretario de Seguridad, entre otros funcionarios y miembros de asociaciones civiles.
