Ante la preocupante realidad del incremento de feminicidios en Jalisco y con el propósito de reforzar la protección de niñas y mujeres, y sancionar con mayor severidad a quienes desacaten órdenes de protección o de emergencia, la diputada Monserrat Pérez Cisneros propuso establecer penas más duras, que serán de dos a ocho años de prisión, para quien incumpla estas medidas de restricción a favor de las víctimas de violencia.
La propuesta busca reformar el marco jurídico vigente para que el desacato a estas órdenes no sea visto como una falta menor, sino como una conducta grave con consecuencias penales más severas. Contempla penalidades para agresores reincidentes y considerar como agravante del delito de feminicidio el incumplimiento de estas disposiciones, lo que incrementará hasta en un tercio la penalidad correspondiente. También plantea fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades encargadas de hacerlas valer.
Pérez Cisneros subrayó que “aproximadamente el 75 por ciento de las víctimas de feminicidio contaban con una orden de restricción activa al momento de los hechos, lo que evidencia que estas medidas no han cumplido plenamente con su objetivo de frenar la violencia. Esta propuesta, se busca inhibir las conductas reincidentes, brindar mayor protección a las mujeres y evitar tragedias derivadas de la omisión de medidas legales”.
Acompañaron a la diputada en esta conferencia de prensa, Daniela Hernández, Adela Ruiz y Priscilla Cavagna, integrantes de “Las Paritaristas”, quienes se pronunciaron porque la voz de las mujeres sea escuchada, respetada y protegida. Agradecieron la apertura de la diputada Pérez Cisneros para presentar esta propuesta urgente y necesaria, afirman que a pesar de que las medidas de protección pueden salvar las vidas de mujeres y niñas, no se respetan.
Plantearon la necesidad de capacitar a la autoridad ministerial para que, al otorgar una medida de restricción, el proceso se realice de forma correcta. Además, proponen, se realice una campaña de sensibilización y capacitación para no sólo otorgar estas medidas sino se continúe el proceso de la queja.
