Con el fin de garantizar el aborto legal, seguro, gratuito y universal en Jalisco, la diputada Mariana Casillas Guerrero presentó en rueda de prensa una iniciativa en la que se contempla la eliminación de sanciones en el Código Penal y la inclusión de este procedimiento como un servicio esencial en la Ley de Salud del Estado.
La legisladora recordó que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en la entidad, pero aclaró que la reforma aprobada entonces mantiene un límite de 12 semanas de gestación, lo que implica que después de ese periodo aún existe el riesgo de criminalización.
La propuesta plantea reformar el Código Penal del Estado de Jalisco con el propósito de eliminar toda sanción legal relacionada con el aborto, además se propone adicionar un capítulo en la Ley de Salud del Estado de Jalisco, para establecer que la Interrupción Legal del Embarazo, sea reconocida como un servicio público gratuito y accesible.
El proyecto contempla la creación de protocolos de atención, la capacitación del personal, acceso a medicamentos y métodos seguros, así como la regulación de la objeción de conciencia para evitar que se convierta en una barrera; el objetivo es garantizar que este servicio esté disponible en todas las instituciones de salud estatales y que llegue también a las zonas rurales, bajo criterios de universalidad y sin discriminación.
En el encuentro participó la diputada Tonantzín Cárdenas Méndez además de activistas, académicas y acompañantes de colectivos feministas, quienes coincidieron en la importancia de que ninguna persona sea criminalizada por ejercer su derecho a decidir.
Como parte de la jornada, se llevó a cabo un foro con la intervención de la académica de la Universidad de Guadalajara y representante de “Dosier Jalisco”, Patricia Ortega, así como la activista y cofundadora de la colectiva “Mis amigxs me acompañan”, Verónica Correa, quienes subrayaron que el aborto debe ser atendido como un tema de salud pública y no como un delito.
