Garantizar un modelo de certificación de discapacidad más incluyente, justo y funcional fue el objetivo del foro que realizó el diputado Alejandro Barragán Sánchez, al que acudieron especialistas, autoridades de salud, académicos y representantes de la sociedad civil, a fin de dialogar sobre los alcances de la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA-2023, modelo que busca reconocer la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, superando el paradigma médico tradicional.
La nueva norma establece criterios técnicos y metodológicos para valorar la discapacidad bajo el modelo integrador biopsicosocial, alineado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; el modelo contempla no sólo la condición de salud, sino también las limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y barreras del entorno.
Durante el foro se destacó que este nuevo esquema permitirá identificar a personas con discapacidad que no están contempladas actualmente bajo la clasificación tradicional, entre los que destacan personas con padecimientos como la diabetes descontrolada, que no siempre deriva en amputaciones o ceguera, pero afecta significativamente la funcionalidad de las personas.
Uno de los elementos centrales del certificado será el porcentaje de discapacidad, determinado por criterios técnicos estandarizados; además, el documento final reconocerá oficialmente a las personas de apoyo que acompañan a quienes requieren asistencia permanente para su vida cotidiana; esta figura, que puede ser madre, padre, tutor o cuidadora designada, también formará parte del proceso formal de certificación.
La Ley General de Salud establece que el sector salud expedirá certificados de discapacidad con fines sanitarios, sin embargo, se busca que este documento tenga plena validez en los programas sociales, educativos, laborales y de movilidad; para ello, es indispensable avanzar en la armonización normativa entre dependencias federales, estatales y municipales.
Otro aspecto relevante del certificado electrónico será la inclusión de variables que reflejan la realidad social de las personas, como la imposibilidad de trabajar o asistir a la escuela debido a barreras del entorno, esta información permitirá tomar decisiones más informadas en materia de políticas públicas y de inclusión laboral y educativa.
El foro contó con el respaldo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y participaron Manuel Yáñez Hernández, subdirector de clasificaciones de la información en salud; Socorro Piña Montiel, Presidenta del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES) A. C. así como funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de personas con discapacidad, académicos y representantes de los tres niveles de gobierno; el interés surgió de grupos de la sociedad civil que buscan prepararse adecuadamente para acompañar a las personas en el nuevo proceso de certificación.
Durante el encuentro, se insistió en que el objetivo final es contar con un sistema nacional unificado que facilite la certificación de discapacidad bajo parámetros técnicos homologados, accesibles y respetuosos de los derechos humanos, esto permitirá a las personas contar con un documento reconocido y funcional para acceder a apoyos, servicios y oportunidades en igualdad de condiciones.
