Con la finalidad de armonizar la Constitución Política de la entidad con la federal, en sesión de Pleno, que en la Mesa Directiva preside la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, se avaló con 27 votos a favor y 8 en contra la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, así como transmitir sus atribuciones a la Contraloría.
Con lo anterior, se fomenta la participación ciudadana mediante la facultad de solicitar, acceder, recibir y difundir la información gubernamental sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, a su vez podrán monitorear y evaluar las actividades de los sujetos obligados.
También se adiciona como información pública toda aquella generada en posesión de cualquier autoridad que ejerza recursos públicos como agencias, comisiones, comités, corporaciones, entes, entidades, instituciones, órganos u organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito estatal y municipal, y su obligación de actualizar y publicar mediante los medios electrónicos disponibles la documentación requerida.
Cabe señalar que, con esta modificación, la Contraloría será el ente garante de la transparencia y tendrá facultades para realizar requerimientos, resolver recursos de revisión y determinar sanciones en el ámbito de su competencia; además, formará parte del Consejo Nacional de Transparencia y sus resoluciones serán vinculantes, definitivas e inatacables.
Finalmente, aunado a salvaguardar los derechos establecidos por ley para los trabajadores, los ahorros que se generen por la extinción se destinarán al cumplimiento de obligaciones laborales y legales del mismo, y en años subsecuentes los recursos se programarán para prioridades del Estado.
