La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside la diputada Mirza Flores Gómez, aprobó las conclusiones del informe general 2018, por la Auditoría Superior del Estado.
En el dictamen avalado se propone establecer la facultad a cargo de los órganos internos de control, para que emitan las bases de los periodos que deben asegurarse en las convocatorias de licitaciones, de acuerdo con los montos de las mismas; para evitar prácticas nocivas y así se garantice que todos los proveedores tengan el tiempo suficiente para preparar sus propuestas.
También, piden que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, defina los requisitos mínimos para fungir como titular de Unidad Centralizada de Compras, lo que implica reglamentar aspectos relacionados con la preparación académica y profesional, así como establecer medidas relacionadas con declaraciones de interés, respecto a determinadas contrataciones públicas.
Finalmente, propusieron realizar reformas a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que se prohíba que cualquier entidad de los órdenes de gobierno municipal y/o estatal, haga uso de recursos públicos, humanos materiales, administrativos y/o de cualquier índole, para efectuar retenciones a los servidores públicos y transferirlos a los partidos políticos.
