Durante una mesa de análisis realizada en el Congreso del Estado, especialistas y representantes de organizaciones civiles destacaron la deuda social que persiste con los adultos mayores mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes, pese a sus aportaciones económicas y culturales, continúan enfrentando obstáculos para acceder a derechos y servicios fundamentales.
En el encuentro participaron Alfonso Hernández Godínez, director del Centro de Investigaciones Legislativas; Joel Paredes Olguín, representante de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON); así como Ángela Sambrano y María Marroquín, directora ejecutiva y tesorera de esta red que agrupa a 75 organizaciones dedicadas a apoyar a personas migrantes, especialmente en la relación laboral con empleadores.
Paredes Olguín presentó los resultados de una encuesta aplicada a personas mexicanas de 65 años o más residentes en Estados Unidos bajo condición migratoria “no autorizada”. Explicó que es necesario implementar acciones que den viabilidad al reconocimiento de la trans-territorialidad, lo que implica integrar a estos ciudadanos a la política social mexicana, pues se asumen con pleno derecho como parte del país y así reconocen a su gobierno.
Los participantes plantearon la necesidad de crear programas estatales y federales que reconozcan los derechos de adultos mayores migrantes, y propusieron que quienes residen en el extranjero puedan acceder a la pensión del Bienestar, garantizando así una protección social más justa y equitativa.
