El Pleno del Congreso de Jalisco aprobó acatar la resolución judicial que deja sin efecto los nombramientos de Juan Luis González Montiel y Adrián Joaquín Miranda Camarena, como magistrados provisionales del Tribunal de lo Administrativo del Estado. Sin embargo, los diputados del PRI, PRD y la mayoría del PAN, calificaron el ordenamiento como un exceso y analizan la posibilidad de presentar un recurso legal que revierta el fallo.
La votación se registró con 28 a favor y ocho en abstención de legisladores de Movimiento Ciudadano y algunos de Acción Nacional. La discusión se polarizó entre quienes manifestaron que el juez se extralimitó en su resolución y que el Congreso del Estado debe combatir el asunto en las instancias correspondientes; y los que consideran que el proceso estuvo amañado de origen y que era momento de corregirlo.
Previo a la asamblea, el dictamen fue aprobado este mismo jueves en la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Héctor Pizano Ramos, quien propuso a sus compañeros el documento que planteaba acatar la resolución del juicio de garantías 380/2014, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que deja sin efecto el Acuerdo Legislativo 783-60/2014 y los actos derivados del mismo.
El principal argumento esgrimido por el juez fue que los legisladores violentaron la suspensión que se había otorgado a raíz del amparo presentado por Víctor Manuel León Figueroa y Patricia Campos González, quienes no fueron ratificados en el cargo, y a quienes sustituían Juan Luis González y Adrián Joaquín Miranda.
Sin embargo, para la mayoría de las fracciones parlamentarias el sustento de la resolución es contradictorio, confuso y no atiende a los principios de impartición de justicia, lo que traería serias consecuencias para los jaliscienses al momento de recurrir al Tribunal de lo Administrativo, pues la carga de trabajo para los cuatro magistrados sería abrumadora, lo cual generaría rezago en los asuntos a resolver.
Los posicionamientos
El primero en tomar la palabra fue el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, quien señaló que el Congreso del Estado no debió designar a González Montiel y Miranda Camarena, mientras no se resolviera el amparo que había promovido los magistrados salientes.
Subrayó: “hace casi tres meses quienes se repartieron el Poder Judicial mediante cuotas partidistas, argumentaron aquí que todo el proceso de ratificación y elección de magistrados se había llevado a cabo con apego a la legalidad. El día de hoy somos testigos de que aquel proceso no sólo se realizó faltando a los principios más elementales de la transparencia, de la inclusión y la ética en la toma de decisiones, sino que además efectivamente se estaba incurriendo en una ilegalidad”. Hizo un llamado: “ojala que esto sirva para que algunos diputados se den cuenta que sus actos sí tienen consecuencias”.
En el mismo sentido, el legislador Alberto Esquer Gutiérrez se congratuló que la justicia federal le hiciera un llamado al Congreso de Jalisco y de recibir una señal de que se está aplicando la justicia. Convocó a sus compañeros a que en los próximos meses, cuando se designen más nombramientos del Poder Judicial, el procedimiento sea apegado a la ley y alejado de intereses personales y de grupo que dañen a Jalisco.
Empero, el diputado Enrique Velázquez González señaló que a este asunto aún le restan muchos episodios en las diferentes instancias legales; que los legisladores que hoy dicen tener la razón deben esperar a que concluya en forma definitiva. Reiteró que en su opinión el Congreso del Estado no se equivocó al designar a los magistrados provisionales y que espera el tiempo le dé la razón a la mayoría en el Legislativo.
Como un asunto de dar “vergüenza”, calificó el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez el hecho que en su momento este asunto haya sido motivo para destituir a quien ocupó la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, pues al final de cuentas ella tenía razón, aseguró.
Expuso que la resolución exhibe al Congreso del Estado y respalda la postura de los diputados que en su momento se opusieron a nombrar magistrados provisionales, e invitó a sus compañeros a realizar las próximas designaciones de jueces, magistrados y consejeros de una mejor manera.
Por su parte, el diputado Julio García Sánchez manifestó que lo más importante es que el Pleno del Congreso del Estado se conduzca apegado a la ley en las diferentes procesos que afronte, y que en su opinión la forma de designar a los magistrados no fue la correcta.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco manifestó que no es la primera vez que el Congreso es cuestionado por propios y extraños, debido a las formas de procesar y resolver los asuntos, así como los temas de naturaleza administrativa.
Agregó: “qué bueno sería que en dicha resolución del juzgado federal se aclarara quiénes fueron los responsables directos de dichos yerros, de dichos excesos, de tales abusos del Derecho, y en un estricto y elemental sentido de justicia se nos debería exculpar a los diputados que nos inconformamos con este proceso de nombramiento”.
En contraparte, el diputado Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que “la figura del famoso magistrado provisional o temporal fue una solicitud de un requerimiento de la autoridad federal, con el objeto de no paralizar la impartición de justicia en el órgano jurisdiccional (Tribunal de lo Administrativo del Estado) y con ello contravenir el artículo 17 constitucional.
“Situación --agregó-- que con esta resolución el propio juez contraviene el espíritu de haber creado esa figura y haber requerido su nombramiento; toda vez que al final, al entender que no existen magistrados suplentes en el TAE y al entender que tendrán que ser los cuatro magistrados del TAE los que se hagan cargo de las seis salas, con lo cual desde luego que no se va a abonar en la impartición de justicia en el Estado.
“Se va a impedir la adecuada impartición de justicia, contraviniendo con ello precisamente el artículo 17 constitucional, que parece que a algunos compañeros se les olvida que el interés principal que debiéramos tener, es que nuestros órganos de impartición de justicia estuvieran completos e integrados, mientras que se resuelve la controversia de los señores magistrados”, que se ampararon porque no fueron ratificados. Precisó que esto será parte del fondo de un recurso que se deberá presentar y que en su momento resolverán los tribunales debidamente establecidos.
El diputado Luis Guillermo Martínez Mora dijo que la resolución judicial va a generar precedentes por el error cometido, porque la Constitución es clara y el Congreso y la Comisión de Justicia debieron haberle señalado al juez con anticipación que no establece nombramientos de magistrados provisionales o suplentes.
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