Los legisladores también debatieron sobre la necesidad de que el tribunal constitucional se establezca con plena autonomía.
En sesión plenaria los Congreso, los legisladores votaron a favor el dictamen de decreto de la iniciativa de la diputada Norma Angélica Cordero Prado, que reforma la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos Reglamentaria del artículo 112 de la Constitución Política del Estado, con el fin de que se precisen los criterios sobre los que se otorgan las autorizaciones para desempeñar otros cargos.
Las modificaciones señalan que cuando algún servidor público sea llamado a desempeñar otro puesto en el sector público, deberá comunicarlo antes de aceptar al oficial mayor o quien haga sus veces en los poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios y empresas descentralizadas, así como al director de personal de la Secretaría de la Planeación, Administración y Finanzas, tratándose del Poder Ejecutivo, para efectos del control de incompatibilidades.
Las comisiones deberán ser por tiempo limitado y ordenadas por escrito, estableciendo fecha de inicio de efectos y terminación; lugar y adscripción donde se desempeñará; la carga horaria y, si interfiere en el horario normal de labores, el titular de la dependencia que las autorice proveerá lo necesario para subsanar la ausencia del comisionado, debiendo remitir copia del oficio de comisión a la Sepaf, para los efectos legales correspondientes.
En el Poder Ejecutivo, las incompatibilidades serán resueltas por la Sepaf; las que surjan por cargos o empleos entre los poderes Judicial y Legislativo, por el titular del Poder Ejecutivo a través de la misma Sepaf; las de empresas públicas de participación estatal o municipal, igualmente por el titular del Poder Ejecutivo y la Sepaf, y por los ayuntamientos correspondientes.
Por otra parte, el acoso escolar cometido por quienes tengan entre los 12 y 18 años de edad, deberán sancionarse por la nueva Ley de Justicia para Adolescentes, lo cual deberá incorporarse al artículo 179 de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, pues actualmente se hace mención a la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, que ya fue abrogada. Lo anterior se establece en el dictamen de decreto de la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Loya Hernández.
Debate Pactado
La necesidad de que el tribunal constitucional que Jalisco requiere para la impartición de justicia tenga la fortaleza y autonomía suficientes, así como las dudas de que esto llegue a suceder, fueron planteadas hoy en el Debate Pactado y Agenda Política realizado antes de concluir la sesión ordinaria del Congreso, por los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional y Héctor Pizano Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
Sánchez Orozco hizo notar que el estado y el país necesitan “instituciones sólidas, fuertes que no estén al arbitrio, a la voluntad de algunos cuantos funcionarios o incluso de intereses políticos; si bien la propuesta de un tribunal de esa naturaleza ayudaría mucho al estado, siempre que tenga “por objetivo garantizar todos los derechos fundamentales, como también que no pertenezca a ningún poder, como de manera clásica conocemos la división de poderes”. Que esté constituido por magistrados independientes, que ejerza sus funciones con autonomía; que tenga como fin ser un controlador entre los poderes, para que el estado esté dentro de la ley.
Luego se refirió al audio que circuló con la voz del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, “donde se pone en duda no sólo la imparcialidad en la que debe actuar el Poder Judicial, el máximo tribunal de este estado que es el Supremo Tribunal de Justicia, sino donde se pone en duda la actuación imparcial y apegada a derecho, de muchas de las instituciones del estado de Jalisco”.
Una de ellas el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el mismo Poder Ejecutivo que debe hacer que se respeten las leyes. Además, el propio magistrado no ha negado la autoría de lo que se escucha, ya que se confirma que las instituciones están en riesgo para su buen desempeño, cuando dice: “hay que nombrar observadores electorales que sean militantes del partido al cual él pertenece”, y sugiere que se lleven a cabo ilícitos, “lo cual perturba y violenta la vida jurídica”.
En la misma tribuna, el legislador Cuevas García hizo alusión a la trascendencia que representa integrar el Tribunal Constitucional, para fortalecer las instituciones bajo los principios de autonomía y determinación, sin depender de la autoridad central para solucionar conflictos locales, por lo que Jalisco lo requiere en esos términos.
Añadió que hay muchas pruebas de que las autoridades municipales, por ejemplo, tienen que acudir a instancias federales para solucionar algunos conflictos, pero es necesario resolver muchas dudas antes de tomar la decisión de establecer un tribunal de dicha naturaleza, para que sea garante de la constitucionalidad, legalidad, certeza y de la seguridad jurídica.
Luego se refirió a la actuación del magistrado Sandoval Figueroa, que “ha manchado la credibilidad no de un tribunal, la de todo un poder y de todas las instituciones. La actuación y los dichos de una sola persona han mermado la confianza que tenían todos los jaliscienses en su autoridad”, por lo que debe pensarse lo que se hará.
Finalmente, el diputado Pizano Ramos precisó, con base en los que se han constituido en algunos países y frente a la realidad que se vive en México, que “un tribunal constitucional entonces será desde una perspectiva material todo aquel organismo jurisdiccional, perteneciente o no, al poder judicial y con independencia de su denominación, que está especializado en solucionar conflictos surgidos de la interpretación y de la aplicación directa de las normas constitucionales.
Agregó que al pertenecer a un sistema federalista y dotar a cada una de las entidades con autonomía para su autorregulación, brinda de igual manera la oportunidad de crear órganos propios que salvaguarden los derechos contenidos dentro de sus constituciones y demás ordenamientos, por lo que la mayoría de los estados ya los tienen, y se refirió a las características que sobresalen.
Por lo tanto, es importante que Jalisco se una a las entidades federativas que ya tienen dentro de su conjunto normativo, una ley de justicia constitucional que dirima las controversias entre los municipios y órganos constitucionales; y esté abierto a conocer de las acciones de inconstitucionalidad que nazcan a raíz de las leyes que contravengan la Constitución estatal, por lo que es importante dotarlo de fuerza y autonomía.
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