En una tercera sesión de los legisladores, se aprobaron los dictámenes de decreto que reforman la Ley de Cultura Física y Deportes, con el propósito de precisar las conductas que incitan a la violencia en los eventos deportivos, así como la aplicación de sanciones; y la modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los medios de difusión locales se aseguren que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro su vida, integridad o dignidad.
La iniciativa que reforma la legislación en materia deportiva, fue presentada por el diputado Rafael González Pimienta, en la que propuso que entre las conductas que originen la violencia están las declaraciones o la trasmisión de informaciones en ocasión de la celebración de un evento, con las que se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes. Asimismo, la facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan actos violentos.
Las autoridades y organizadores de los eventos podrán hacer registros personales al ingreso de las instalaciones, apegados a los principios de respeto, dignidad y derechos humanos; de registrarse la violencia, las autoridades deberán actuar de inmediato, y suspender el evento por tiempo indefinido y evacuar las instalaciones; el reglamento deberá establecer los casos y términos en que los organizadores con fines de lucro deban contar con un seguro de vida a favor de los asistentes, así como de responsabilidad civil general que ampare la cobertura de inmuebles, así como de daños a terceros en bienes y personas. La aplicación de sanciones administrativas corresponde a los órganos directivos del deporte, y a las autoridades estatales y municipales según corresponda.
Por lo que se refiere a las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a iniciativa de la diputada Bertha Yolanda Ramírez Rodríguez, también plantea evitar la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a la Ley General y la legislación de la materia.
Se establece prevenir, solicitar la suspensión y sancionar toda información publicada por Internet o cualquier otro medio de comunicación local, que afecte los derechos humanos o ponga en riesgo objetivamente el desarrollo integral o el interés superior de la niñez, conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones legales aplicables.
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