Foro Los Pueblos Indígenas como sujetos de Derecho Público.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Jalisco busca realizar una reforma legal integral que favorezca y propicie el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Como herramienta para lograrlo realizó esta mañana el foro denominado “Los Pueblos Indígenas como sujetos de Derecho Público”.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de esa comisión legislativa, manifestó que hoy en día en Jalisco los pueblos y comunidades indígenas sufren discriminación jurídica y legal, porque la ley no reconoce su personalidad jurídica e intelectual.
Expuso que la meta de este ejercicio es discutir con responsabilidad y voluntad una posible reforma, un cambio integral en estrecha consulta con los protagonistas, pues al día de hoy generalmente se rigen por leyes y programas de asistencia con una visión paternalista.
“En México se han impulsado dos tipos de legislaciones en la materia: las que reconocen a los pueblos indígenas su derecho a la libre determinación a sus sistemas de organización interna, que son minoritarios en el contexto nacional. Y las que se limitan a reproducir la Constitución Federal, caso en el que se encuentra Jalisco y que no ha dado resultado en el reconocimiento y protección a los derechos de los pueblos indígenas.
“Por eso, el día de hoy sufren no sólo de una indiscriminación social insostenible, sino que son víctimas de una discriminación jurídica y legal, dado que el marco legal no les reconocen personalidad jurídica colectiva”, agregó el legislador.
Señaló además que no basta reconocer la diversidad cultural indígena, sino que se requiere de un marco jurídico que les dé protección en su patrimonio y cultura, y que les proporcione protagonismo en la dinámica jalisciense.
Indígenas, víctimas individuales y colectivas
El antropólogo, sociólogo, precursor y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, manifestó que son innumerables las razones por las que se deben modificar las distintas legislaciones; sin embargo, una de las primordiales es para evitar su victimización a nivel individual y colectivo, pues se les rechaza en lo particular y como grupo o esfera de la sociedad.
“Tenemos una oportunidad para reconocer la enorme deuda que el país tiene con sus pueblos indígenas, y que sirva para reafirmar la voluntad de los mexicanos, para unir esfuerzos con tal de que no sigan las violaciones en contra de los pueblos originarios”, subrayó el académico.
No es suficiente con legislar con respecto a las comunidades originarias, sino que hay que llevarlo al cabo de una manera efectiva; de fondo, a consciencia y de manera incluyente y aplicable a solucionar problemas que hoy en día sufren los protagonistas de este asunto. Agregó que además de cambiar las leyes, también es necesario generar políticas públicas con una visión no paternalista.
Lamentó que diversos marcos normativos y decisiones de los gobiernos locales privilegian los intereses particulares; tal es el caso de las mineras, por encima de los derechos de los pueblos indígenas y de los agricultores.
Señaló que fue un punto de quiebre histórico el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, pues a partir de ahí se genera un diálogo con el gobierno federal en turno. Sin embargo, a final de cuentas los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y del trabajo realizado por la Comisión de la Concordia y la Pacificación (Cocopa), quedaron muy cortos respecto a lo solicitado. Expuso que los pocos beneficios que hay en ley, han sido logrados gracias a distintos movimientos sociales y nada se les ha otorgado.
“A 20 años de distancia, el Tratado de Libre Comercio no ha podido cumplir con sus promesas ni han desaparecido, más bien han aumentado las razones que dieron lugar al levantamiento zapatista; el último intento de diálogo naufragó en 1996 con la interrupción de las negociaciones de paz. A final de cuentas quedaron sin negociar varios elementos importantes en los Acuerdos Sobre los Derechos y la Cultura Indígena”, sentenció el académico.
Posterior a la conferencia, se instalaron dos mesas de trabajo, una de ellas denominada Los Pueblos Indígenas como sujetos de Derecho Público y la otra Derecho a la Cultura y Derecho a la Consulta.
En la primera instancia, especialistas manifestaron distintos casos o ponencias que aportaban argumentos para que las comunidades sean considerados sujetos de derecho público. Expusieron el caso del municipio de Ayotitlán donde se sostiene un conflicto entre las comunidades nahuas con una empresa minera; de cómo hasta ahora el estado ha mantenido una política tutorial sobre las comunidades, postura que en muchas ocasiones ha sido poco efectiva e irresponsable. También presentaron diversas vertientes de las comunidades indígenas asentados en zonas urbanas.
En el segundo panel denominado Derecho a la Cultura y Derecho a la Consulta, participaron integrantes de las comunidades indígenas wixárica, purépecha y mixtecos; así como miembros de organizaciones civiles y académicos.
Coincidieron en que se deben preservar los valores culturales y las tradiciones de los pueblos originales, con acciones como: la impartición de educación de calidad en su dialecto y programas educativos estructurados en base a las necesidades de las comunidades, tomando como eje transversal la vida de sus integrantes y sus símbolos característicos como fuente de su identidad.
También piden se les dé mayor apoyo y promoción a los grupos artísticos que integran los indígenas que habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara; y que se les consulte sobre la aplicación de programas sociales, ya que dicen, muchos de ellos no están estructurados para brindarles un beneficio comunitario.
---ooOoo---
