Además, que se convierta en un derecho constitucional.
Incorporar la gestión pública de calidad como un derecho fundamental con la finalidad de que sea profesional para coadyuvar a consolidar una democracia constitucional en base a la dignidad humana, a través de todos los poderes y organismos autónomos estatales y de los municipios, es el propósito de la propuesta para reformar el artículo 4º. de la Constitución Política del Estado, presentada por la diputada Mónica Almeida López, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Explica la iniciativa que la gestión pública es el conjunto de espacios institucionales y procesos por los cuales el sector público administra sus recursos, diseña e implementa políticas públicas, suministra bienes y servicios, dentro del Estado de Derecho para lograr sus finalidades, y precisa que “la gobernanza se centra en los resultados y la gestión pública tiende a una mayor legitimidad donde también la persona importa; sin embargo, ambos conceptos se diluyen en la actualidad para terminar siendo sinónimo“.
La propuesta pretende que toda persona pueda contar con servicio público profesional a través de todas las instituciones gubernamentales, estatales y municipales, ya sea que provengan de los poderes y organismos autónomos. Esto implica que con independencia del partido político que gane una elección, el servicio público que brinden las instituciones deberá de contar con un alto grado de profesionalización.
Además, para garantizar que eso sea posible, se deberán de prever los mecanismos para que desde el puesto más bajo hasta el más alto, se acceda a los cargos públicos atendiendo a exámenes de oposición en donde puedan ingresar siempre los mejores.
La iniciativa cita, a manera de ejemplo, que no se puede gozar del derecho al acceso a una salud adecuada si no se cuenta con un servicio de calidad. De lo contrario los derechos humanos se convierten en letras muertas, dejando que sólo algunos cuantos que los demandan vía los juzgados puedan acceder a ellos. “Queremos que todos cuenten con una canasta básica de derechos, atendiendo al principio de mínimo vital, el cual es el eje rector de planeación democrática del Estado de conformidad con el artículo 4º Constitucional”.
Plazo para lograrlo y otras reformas
A efecto que esta propuesta se logre implementar de manera adecuado, se le otorga un plazo al Gobierno de hasta cinco años, una vez que entre en vigor para que se realicen los cambios pertinentes, y se impulsará un paquete de reformas e implementación de leyes secundarias para hacer viable esta propuesta, como es el caso de una legislación en materia de desarrollo regional; de quiebra y riesgos en la operación de programas municipales, y de metodología presupuestal.
Recursos legales por incumplir este derecho
En un primer plano se podría recurrir al amparo, ya que se estaría ampliando el catálogo de derechos humanos; y en un segundo o tercero ante las autoridades jurisdiccionales administrativas, y demás que en su momento incluyan las legislaciones secundarias.
De violarse este derecho, el efecto, además de la posible responsabilidad administrativa, sanción e inhabilitación del servidor público que actuó contra la Constitución Política del Estado de Jalisco, se podría restablecer a las persona o diversas comunidades que no gozaron del servicio público afectado; reestructurar presupuestos públicos por no contar con los mínimos requeridos de calidad; y otorgar indemnización en aquellos casos que proceda.
Contra la corrupción
Esta propuesta se elabora en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se ha recomendado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 7º, que los gobiernos actúen de manera profesional y atendiendo un servicio público de calidad.
Al disponer de un sistema totalmente profesionalizado y con participación social, disminuirán significativamente los índices de corrupción y los altos grados de discrecionalidad que manejan varias dependencias. A su vez, se tendrán mayores herramientas de vigilancia para determinar desde su origen si las políticas públicas son adecuadas o no.
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