La bancada del Partido Acción Nacional pretende que sea más eficiente en la persecución del delito.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone modificar la naturaleza jurídica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a fin de que ésta sea considerada como un organismo constitucional autónomo, de manera que mantenga una clara independencia del Poder Ejecutivo, desligándose así de intereses político-electorales.
“Un cambio que nos asegure una Fiscalía dirigida por profesionales del Derecho, que tengan la posibilidad de administrar el patrimonio institucional, para así asegurar la eficiencia en su función de perseguir los delitos. Una Independencia funcional y financiera del Ministerio Público estatal, garantizada desde la propia ley”, precisa la iniciativa de reforma legislativa.
Con este propósito, la bancada del PAN en el Congreso del Estado plantea la reforma del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, creando su Sección Primera y adicionando las fracciones I, II, III y IV, configurando para tal efecto el organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Jalisco.
De igual manera, que su titular permanezca en el cargo durante nueve años contados a partir de su designación, y sea nombrado por mayoría calificada del Congreso del Estado, partiendo de la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, mediante un proceso transparente, en el que se involucre a las principales universidades en lo que refiere al examen de aptitud, a fin de privilegiar los méritos técnicos y académicos de quien, a la postre, sea designado Fiscal General.
“Es decir, proponemos que el proceso de designación del Fiscal estatal sea plural, mediante mecanismos que eviten el abuso del poder de fuerzas políticas, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Por otro lado, la intervención de las universidades implica la participación ciudadana como medio para asegurar que el Fiscal General del Estado sea una persona proba, capaz, eficiente y responsable; que dé rumbo a tan importante institución pública”, se subraya en el documento.
Es importante destacar que como medio para asegurar el equilibrio entre órganos de poder, se establece que el Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. De igual forma, debe comparecer ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
Cifras que sustentan la propuesta
“Esta iniciativa responde, por tanto, a un Ministerio Público estatal que está enfermo de ineficacia, y respecto del cual los jaliscienses no se equivocan cuando casi la mitad de ellos 47.7% afirman que la fiscalía estatal es una institución ineficaz.
“Nuestro Ministerio Público estatal está enfermo de corrupción; valoramos con certeza tal situación cuando 63.7% de los jaliscienses señalan a la fiscalía del estado como una institución corrupta.
“El ministerio público estatal también padece la enfermedad de la desconfianza pública. Según el INEGI en 2015 más del 50 % de los jaliscienses ni se sienten identificados ni confían en la fiscalía de nuestro estado”.
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