Con el propósito de fortalecer el marco jurídico electoral, garantizando un modelo democrático en el país, la legisladora Erika Lizbeth Ramírez Pérez, Presidente de la Comisión de Asunto Electorales en el Congreso del Estado, realizó un foro nacional denominado: “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Electoral”, en compañía de representantes de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la Procuraduría General de la República(PGR).
En las instalaciones del Poder Legislativo, el Presidente de la mesa directiva, Diputado Jorge Arana Arana, anunció que a través de cinco mesas de trabajo se escucharan las diferentes propuestas de los especialistas en la materia con el objetivo de que se establezcan juicios electorales que demuestren legalidad y democracia, y así darle certeza jurídica a la ciudadanía en los próximos procesos electorales.
Por su parte, la Diputada Ramírez Pérez, aseguró que es necesario conocer lo que sucede en los procesos electorales, ya que a veces se solicita a los fiscales que trabajen de la manera correcta y no se les brindan las herramientas necesarias para que eso suceda; sostuvo que actualmente en Jalisco se implemento la reelección en los municipios, pero muchas veces existe peculado en el proceso y es algo que debe vigilarse.
Además, dijo que se le debe de garantizar sus derechos tanto a hombres como mujeres interesados en encabezar alguna candidatura ya que existe violencia en ambos géneros, por lo que es necesario presentar una propuesta para reformar el marco jurídico en materia de delitos electorales.
En el evento se encontraba José Luis Leal Campos, representante del gobernador, quien expuso que en Jalisco se ha tenido un crecimiento importante en matería electoral y el contar con fiscales electorales en un foro brindará importantes propuestas a la agenda electoral, puntualizó que en las pasadas elecciones se entregaron cuentas claras a los jaliscienses con transparencia y democracia.
Héctor Díaz Santana, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales explicó que se tienen que hacer ajustes electorales, ya que después de un proceso electoral se denuncian alteraciones en firmas de apoyo a candidatos independientes, generando un agravio al proceso electoral y no está configurado como tipo penal.
También expuso, que aunque se presentaron denuncias por utilizar de manera irregular el padrón electoral no se puede sancionar por qué no se considera este tipo de actos dentro del código penal electoral; agregó que además se debe de considerar la sanción a la violencia política ya que se pone en riesgo la integridad de los candidatos.
Ricardo Suro Gutiérrez, Fiscal Electoral del Estado de Jalisco explico que las penas que existen actualmente en delitos electorales no rebasan los 9 años y al final del día aun con los procedimientos de prueba, podría existir impunidad en dichos actos delictivos; sostuvo que es necesario fortalecer la coordinación con las Secretarías del estado y que a través del foro se contribuya con una serie de propuestas para regular la justicia electoral jalisciense.
En las tres mesas de diálogo se hablaron temas relacionados con el perfeccionamiento de tipo penal y nuevos delitos; proporcionalidad de penas y gravedad del delito; y finalmente justicia expedita y efectiva.
Cabe señalar que actualmente existen diez delitos electorales: Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña; Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales; comprar o coaccionar el voto de servidores públicos; intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas.
Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas; destruir o dañar material electoral; incumplir obligaciones de rendición de cuentas; publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados; inducir el voto siendo ministro de culto y alterar los datos de la credencial para votar.
Sin embargo, los especialista puntualizaron que aunque se aprobó la reforma sobre “paridad política” y se promovió la participación de la mujer en las candidaturas , se ha incremento la violencia debido a género; agregaron que es importante promover la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de que sea tipificada la violencia política hacia las mujeres como un delito grave; lo cual evitará que se perjudiquen los derechos políticos de mujeres, por el simple hecho de querer incursionar en este ámbito.
También proponen que se tipifiquen los delitos electorales como graves, con el objetivo de que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de prisión, ya que el fraude atenta contra la sociedad misma. Además, sugieren que se regule el financiamiento público, para evitar el interés privado en el ejercicio del poder público.
Finalmente, promovieron que se sancionen las conductas cibernéticas en sus múltiples modalidades y se tipifique la violencia en general durante los procesos electorales, puntualizando que el incremento de penas debe tener un beneficio social, y por ello deben justificarse y ser proporcionales a la magnitud del daño o puesta en peligro del bien.
Entre los ponentes se encontraban: Moisés Moreno Hernández, Director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C; Jean Paul Huber, Especialista en temas electorales; Lauro Pallares Ramos, Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Michoacán; Samuel González Ruiz, Penalista; José Luis Vargas Valdez, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; entre otros.
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