Con el objeto de evaluar el sistema de reinserción social en México, analizar los factores que inciden en una deficiente implementación del mismo, y encontrar soluciones conjuntas para generar reformas de Ley que se traduzcan en una verdadera rehabilitación de los presos, e inserción eficiente en la sociedad, se realizó este jueves en Congreso del Estado el Simposio, "Reinserción Social, Mito o Realidad", coordinado por el Diputado Augusto Valencia López.
En el evento, donde participaron diversos especialistas en la materia, y quienes prestaron un diagnóstico integral del sistema penitenciario en México, se analizaron factores que van desde el tipo de alimentación que recibe un interno en los penales estatales y federales, la reglamentación a la que son sujetos, los efectos de la sobrepoblación, y las deficiencias procedimentales de los centros de reclusión (como el hecho de establecer las mismas horas y espacios de convivencia para reos reincidentes y primo delincuentes), lo que transforma nuestros centros penitenciarios en "escuelas de crimen".
En este sentido, el Legislador señaló que, además de proponer soluciones para lograr una mejor reinserción social en centros penitenciarios, se debe emparejar con programas que preparen mejor a la sociedad, a fin de integrar de nuevo a quién cumplió una condena.
Otro problema grave que se detectó en el análisis de sistema penitenciario, es la falta de definición de situación jurídica para internos; "Tan sólo en Puente Grande, el 30 por ciento de los ahí recluidos se encuentran sin definirse su situación Jurídica", señaló Valencia López, por lo que es imperativo que el poder Judicial mejore procesos y revierta este grave problema, pues delincuentes que ya podrían haber sido liberados, o incluso que podrían haber llevado su juicio en libertad, se encuentran en convivencia con multi delincuentes, aprendiendo nuevas formas de trasgredir la Ley, en lugar de rehabilitarse integralmente.
"Es necesario romper paradigmas en torno a la reinserción social, en torno a la pena misma; determinar si las penas de prisión producen corrección, o intimidación, o de plano no producen ningún modo de prevención, es decir, no impiden la delincuencia", señaló.
Participaron con propuesta y análisis, Carlos Solano Mendoza, ex director general del Sistema Post penitenciario y Atención a Liberados de la Fiscalía del Estado; Felipe de Jesús Ponce García, Juez Décimo segundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial; Daniel Espinoza Licón, Juez Decimosegundo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial; Javier Ignacio Salazar Mariscal, Secretario Técnico de la Comisión de Readaptación Social; Alfonso Partida Caballero, ex consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, así como Karla Guzmán, y Georgina Myers, del Instituto de Justicia Alternativa.
