PROPONEN GARANTIZAR UNA VEJEZ PLENA Y DIGNA A JALISCIENSES

29 Noviembre 2022

Reivindicar los derechos de los adultos mayores en Jalisco, como son la autodeterminación, la privacidad, y el derecho de control sobre su patrimonio y condiciones generales de vida, es el objetivo de la iniciativa en la que trabajan las diputadas Celenia Contreras González y Priscilla Franco Barba, y que anunciaron en rueda de prensa esta mañana en Congreso del Estado.

En este sentido, se propone fortalecer políticas públicas, planes y acciones de gobierno, a través de la consulta pública con organizaciones sociales, dependencias de gobierno y autoridades en la materia, para construir una legislación que le permita a este sector poblacional vivir al máximo.

Asimismo, se propone determinar a la Procuraduría Social del Estado como la dependencia encargada de la protección y garantía de sus derechos, y  como defensora de oficio en casos de litigios y correspondencias judiciales, entre otras; mientras que las autoridades estatales y municipales se encontrarían obligadas por ley, al otorgamiento de asistencia jurídica gratuita en caso de procedimientos administrativos, y a garantizar servicios adecuados en materia de salud, alimentación, infraestructura, bienes y servicios, en condiciones humanas y amigables para dicho sector vulnerable.

"Se trata de garantizar el derecho a vivir con dignidad, y reconocer que nuestros adultos mayores son titulares de distintos derechos y obligaciones que deben ser garantizados por el estado, entre ellas la solvencia económica y una adecuada calidad de vida", explicaron.

Recalcaron que para los casos en que sus habilidades físicas o mentales pudieran ser impedimento para la toma de decisiones críticas, se propone sea requerido un dictamen médico-clínico que lo especifique, a fin de impedir que terceros decidan por ellos en materia económica, patrimonial o legal, si el adulto mayor se encuentra física y mentalmente en buen estado.

Finalmente, anunciaron que enviarán al Poder Ejecutivo Federal, un exhorto para que se amplíen los programas sociales y de protección a los adultos mayores, más allá de la pensión económica que ya se entrega.