Con impacto directo en la certeza jurídica y en el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Hagamos, alertaron sobre el riesgo de una crisis constitucional si no se aprueba a tiempo la Reforma Judicial local.
En rueda de prensa, la diputada Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, en compañía de los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González, expusieron que el Congreso del Estado se encuentra contra reloj para armonizar la Constitución local con la reforma federal al Poder Judicial.
Informaron que el plazo para adecuar la legislación estatal venció en marzo del año pasado, por lo que Jalisco ya acumula casi un año de retraso y señalaron que la elección de jueces y magistrados por voto popular deberá realizarse el primer domingo de junio de 2027, lo que obliga a iniciar el proceso electoral en septiembre de 2026, conforme a los tiempos establecidos en la legislación electoral.
Detallaron que, para cumplir con estos plazos, la reforma constitucional y las leyes secundarias deben aprobarse a más tardar el 31 de mayo de 2026, y publicarse antes del 9 de junio, fecha límite para que entren en vigor previo al inicio del proceso electoral.
Indicaron que la propuesta presentada ante la Junta de Coordinación Política plantea una ruta de trabajo que permita aprobar la reforma constitucional antes del periodo vacacional de primavera, enviarla a los ayuntamientos para su validación y emitir la declaratoria de constitucionalidad en abril.
Advirtieron que, de no cumplirse este calendario, a partir de 2027 ningún órgano judicial podría integrarse sin haber sido electo por voto popular, lo que pondría en riesgo la legalidad de sentencias y resoluciones judiciales en el estado.
Finalmente, hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas a construir acuerdos inmediatos para evitar que Jalisco quede rezagado frente al resto del país y garantizar una reforma judicial viable, con reglas claras y tiempos constitucionales cumplidos.
