También se reformará la Ley para los Servidores Públicos.
Legislar para terminar con “lagunas” jurídicas que entorpecen la justicia laboral; fortalecer los presupuestos para agilizar los procedimientos; impulsar la conciliación para resolver los conflictos y combatir la corrupción entre funcionarios y servidores públicos, con acciones específicas para no alargar los juicios, son algunas de las propuestas más firmes que se concretaron en el Foro de Justicia Laboral.
En el segundo día de actividades del foro, convocado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside la diputada Clara Gómez Caro, reconoció el valor y contenido de los planteamientos, con la participación de autoridades, dirigentes sindicales y especialistas académicos, también se dieron a conocer las iniciativas en estudio que tiene el Congreso del Estado para reformar la Ley para los Servidores Públicos.
La mesa de trabajo moderada por el diputado Martín López Cedillo tuvo las intervenciones del Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, magistrado Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza; del magistrado José de Jesús Cruz Fonseca; del Director de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno, Lic. Carlos Sepúlveda Valle; del síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, Dr. Luis Ernesto Salomón; del Secretario General de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, Juan Pelayo Ruelas; del Secretario General de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, y del Secretario General de la Federación de Sindicato de Jalisco, Sergio Padilla Pérez.
Coincidieron en la necesidad de dotar de un mayor presupuesto al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por carecer de recursos humanos y materiales, para lograr mayor eficacia; en integrar la figura del abogado conciliador; en que la Procuraduría Social apoye igualmente en la solución de conflictos; en expedir una ley de procedimientos para que se cumplan los plazos de resolución en el Tribunal; que los funcionarios públicos no despidan empleados sin procedimiento administrativo, y en caso de hacerlo se les reinstale y se finquen responsabilidades por esa omisión; que los magistrados de dicho Tribunal sean nombrados por el Congreso del Estado; y que sea realidad el servicio civil de carrera.
Pelayo Ruelas hizo las siguientes propuestas concretas, para el mejor desempeño del Tribunal de Arbitraje y Escalafón: incrementar por lo menos diez mesas de trabajo con personal suficiente; más espacios físicos, ya que sus instalaciones fueron rebasadas; aumentar sus recursos como vehículos, sistemas de cómputo y mobiliario, ya que cuenta con desechos de otras dependencias.
Basificar al personal de honorarios, que es más del cien por ciento del que tiene plaza; incrementos salariales, porque están por debajo de otros tribunales; creación y aplicación de un sistema escalafonario y de servicio civil de carrera, para mejorar la calidad de sus actividades. Asimismo, la derogación en el artículo 139 de la Ley para los Servidores Públicos, en lo referente al incidente de inadmisibilidad, contra la admisión de una demanda, por ser “notoriamente frívola e improcedente, ya que el mismo, lejos de permitir acelerar los procedimientos, ha sido argumento sistemático para la gran mayoría de las entidades públicas demandadas al interponerlo”.
Por su parte, el Dr. Fernando Aréchiga, catedrático de la Universidad de Guadalajara, hizo un análisis de los diversos procedimientos jurídicos que se aplican en la problemática de los conflictos laborales, por lo que al mismo tiempo planteó algunas propuestas para mejorarlos, en tanto que el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Lic. Josué Ortega Gómez, dio a conocer las iniciativas que se estudian en el Congreso para la actualización de la Ley para los Servidores Públicos, a las que se incorporarán las propuestas que se presentaron en el Foro, con el fin de que su reforma sea más integral.
