Reconocer en la Constitución Política el derecho universal de todas las personas a tener acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todo Jalisco, es el objetivo de la reforma constitucional denominada “Ley Hambre Cero”, que planteó en conferencia de prensa el diputado Hugo Contreras Zepeda.
Explicó que el derecho a la alimentación sana no se encuentra señalada de forma explícita en la Constitución local, por lo que considera importante garantizar la progresividad de los derechos humanos, reconociendo en la reglamentación esta facultad y armonizando con la Carta Magna federal, para avanzar en un futuro, hacia el objetivo de Hambre Cero, iniciativa de las Naciones Unidas.
En México, la cifra más reciente de CONEVAL del 2020, arroja que más de 28 millones de mexicanos no tienen acceso a una alimentación nutritiva y suficiente, lo que representa un incremento de más de un millón de personas con respecto a la medición de 2018 y dos millones más que en 2016. En lo que respecta a Jalisco, en 2020 se registraron un millón 242 mil personas con carencias de alimentación, 28 mil menos que en 2016 y 65 mil menos que en 2018, lo que indica que la Entidad ha mantenido su tendencia a la baja desde 2014.
El legislador señaló que durante muchos años en el país se impulsaron programas para hacer llegar alimentos sanos y suficientes a las regiones, a los pueblos y a los barrios más pobres del país. “Había una estrategia clara, transversal, donde las diferentes dependencias de gobierno se organizaban, la idea era trabajar juntos para no duplicar esfuerzos y que los comestibles llegaran a todas las personas”.
Desafortunadamente, cancelaron programas como los comedores comunitarios, las despensas, las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que contribuían a resolver este problema. En Jalisco, más de medio millón de personas superaron la pobreza entre los años 2013 y 2018, actualmente son un millón 242 mil personas con carencias de alimentación nutritiva en el Estado.
Contreras Zepeda destacó que se requiere implementar políticas públicas integrales para garantizar el derecho a la alimentación y que la ley proteja a los programas ya existentes y que se ejecutan desde diferentes dependencias. “Hay muchas manos y muchos alimentos, nada más hay que articular bien la política y protegerla de intereses políticos”, puntualizó.
