PROPONE DIPUTADA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR A ENCUBRIDORES DE DELITOS GRAVES EN JALISCO

05 Marzo 2026

Con el propósito de eliminar las excepciones que actualmente permiten que familiares o personas cercanas queden exentas de responsabilidad por encubrir a quienes cometan delitos graves, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García presentó, en conferencia de prensa, una iniciativa para reformar los artículos 22 y 263 del Código Penal del Estado de Jalisco.

La legisladora explicó que la propuesta establece que, cuando se trate de delitos como feminicidio, homicidio, violación o abuso sexual infantil, ninguna persona podrá quedar libre de responsabilidad por ayudar a ocultar al agresor, independientemente de su relación con él.

Subrayó que cuando alguien colabora para esconder a los responsables de este tipo de crímenes también contribuye a la impunidad, por lo que consideró necesario fortalecer el marco jurídico para evitar que se obstaculice la impartición de justicia. Agregó que “la justicia no puede tener excepciones cuando se trata de los delitos que más lastiman a nuestra sociedad; en Jalisco no debe haber espacio para el encubrimiento de criminales”.

Carrera García explicó que actualmente la legislación contempla una excepción que permite que familiares o personas cercanas al responsable de delitos graves no sean sancionadas por ayudar a ocultarlo, desaparecer pruebas o facilitar su fuga, lo que genera vacíos legales que favorecen la impunidad. Destacó que “uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad es garantizar justicia para las víctimas, por lo que esta iniciativa busca cerrar una puerta que durante años ha permitido que la impunidad se oculte detrás de vínculos familiares o de amistad, afectando principalmente a mujeres, niñas y niños”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada año en México se registran más de tres mil homicidios de mujeres, más de 20 mil denuncias por violación y miles de casos de abuso sexual infantil, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las leyes para garantizar justicia a las víctimas.