La diputada Mariana Casillas Guerrero, acompañada por integrantes de la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago, así como diversos colectivos y habitantes de comunidades aledañas a vertederos, presentó una iniciativa de reforma integral para atender las afectaciones ambientales, sanitarias y sociales provocadas por el actual modelo de manejo de residuos en Jalisco.
La legisladora señaló que la propuesta plantea la separación obligatoria de residuos, recolección diferenciada, economía circular y zonas de amortiguamiento alrededor de sitios de disposición final. Afirmó que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se generan alrededor de cinco mil toneladas de residuos diariamente y cerca del 95 por ciento termina enterrado en rellenos sanitarios, situación que propicia el desperdicio de materiales aprovechables, incrementa la contaminación y mantiene a los municipios sujetos a una operación cada vez más costosa.
Advirtió que las consecuencias recaen principalmente en comunidades cercanas a los sitios de disposición final, donde sus habitantes enfrentan problemas relacionados con lixiviados, gases, incendios, fauna nociva y posibles afectaciones a la salud. Explicó que la propuesta, construida junto con organizaciones y comunidades afectadas, plantea modificar la Ley de Gestión Integral de los Residuos, el Código Urbano y la legislación ambiental de Jalisco.
Entre los principales cambios se establece la separación obligatoria de residuos desde los hogares, comercios e industrias, clasificándolos en orgánicos, reciclables y materiales de difícil aprovechamiento o reciclaje. Los municipios deberán implementar sistemas de recolección diferenciada y desarrollar plantas de compostaje o biodigestión, de manera gradual y acorde con sus capacidades. También propone crear un Sistema Estatal de Información pública y actualizada, que deberá renovarse mensualmente para conocer cuánto generan los municipios, cuánto recuperan y cuál es el destino final de sus residuos.
En materia de desarrollo urbano, los nuevos proyectos de construcción deberán contar con espacios adecuados para almacenar residuos separados y contratar servicios autorizados para su recolección. Asimismo, el Estado deberá elaborar un Plan de Economía Circular y Bioeconomía Circular, con acciones para impulsar el aprovechamiento de materiales, el compostaje y la generación de bioenergía, además de establecer responsabilidades para las empresas en el manejo y preparación de sus residuos.
La iniciativa contempla también establecer una zona de amortiguamiento de mil metros alrededor de estaciones de transferencia, plantas de selección y sitios de disposición final; además, dentro de estas áreas no podrán autorizarse nuevas viviendas o urbanizaciones. Los instrumentos de planeación territorial deberán identificar dichas zonas y aquellos sitios que hayan concluido su vida útil tendrán que ser clausurados, eliminar los riesgos existentes y reparar los daños ambientales ocasionados a las comunidades.
Casillas Guerrero afirmó que “esta iniciativa busca cambiar la política estatal en el manejo de residuos: reducirlos desde su origen, recuperar materiales, proteger a las comunidades y reconocer el trabajo de quienes sostienen el reciclaje”. Añadió que la aplicación de las disposiciones sería progresiva, con plazos de entre tres y seis años para que los municipios transformen sus sistemas de manejo de residuos. Además, contempla asistencia técnica y financiera para pequeñas empresas y organizaciones que requieran apoyo para cumplir con las nuevas obligaciones.
Por su parte, Alan Carmona, Enrique Enciso Rivera y Graciela González Torres, integrantes de la agrupación Un Salto de Vida; Adán Chávez del Frente en Defensa de la Cuenca del Río Tonalá; Beatriz Vela y Angélica Ramos, de Agua y Vida; José Casillas de CEIBA Zapopan, y Armando Castro, ejidatario del Ejido de Tala, coincidieron que esta iniciativa surge de un reclamo de las comunidades afectadas, durante las últimas tres décadas, por los basureros.
Afirman que el problema no sólo representa un negocio para los municipios, sino que también tiene consecuencias para la vida y el bienestar de la población, por lo que consideran necesario modificar el actual modelo de manejo de residuos. También solicitaron a las y los legisladores legislen para que los municipios den respuesta a un problema tan grave que afecta no solamente a los pueblos conurbados, sino a la ciudad de Guadalajara y a todo el Estado.
