Al reanudarse la sesión de la Comisión de Administración, no se aprobó contratar por tres meses a cuatro dictaminadores sobre la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos, para el Órgano Técnico de Responsabilidades. Asimismo, no se alcanzó la votación paritaria para destinar un millón de pesos del Presupuesto del Congreso del Estado, para costear foros y consulta ciudadana sobre temas legislativos de la agenda de las fracciones parlamentarias.
Respecto al primer tema, el Presidente de la Comisión de Responsabilidades, diputado Juan Carlos Márquez Rosas, dijo que hay un padrón de 32 mil obligados, de los cuales se recibieron casi 23 mil declaraciones al mes de mayo pasado, y con los ocho empleados de esa área en el Órgano Técnico, no es posible llevar a cabo el proceso de revisión, corrección, alta en el sistema, expedición de folios, captura de datos; archivar y cotejar la información anterior.
La contratación temporal sólo implica pagar cerca de 190 mil pesos, pero con las nuevas disposiciones de rendición de cuentas, se aplican multas a empleados y funcionarios omisos, que se descuentan de sus salarios, con un tabulador específico, lo que permitiría recabar fondos, de los cuales la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas retendrá el tres por ciento y el resto para el Congreso del Estado, es decir, más de tres millones de pesos, lo cual fue respaldado por la diputada vocal Norma Angélica Cordero Prado.
Sin embargo, en este asunto la también diputada vocal Fabiola Loya Hernández, felicitó al diputado Márquez Rosas por la iniciativa de aplicar multas a quienes incumplen con la declaración patrimonial, pero recordó que el Congreso sigue afrontando adeudos de legislaturas anteriores, por lo que considera que no es conveniente contratar personal, ya que se ha insistido en la depuración de la nómina, lo cual no se concreta y ni se ha logrado identificar a los “aviadores”.
Planteó la conveniencia de buscar perfiles entre el personal, a fin de reforzar al del Órgano Técnico, como es el caso de los asistentes parlamentarios, por lo que consultó a la Dirección de Recursos Humanos, lo cual le permitió entregarle al diputado Márquez Rosas una lista de cuatro personas, conocedora del Derecho, a fin de que cumplan con las tareas que se requieren, y de esta manera el Congreso recabe más fondos para mejorar sus finanzas.
Por lo que se refiere al acuerdo legislativo para destinar un millón de pesos a foros y consulta a la sociedad, para las cinco fracciones parlamentarias, el Secretario General del Congreso, Dr. Marco Antonio Daza Mercado, informó la disponibilidad de este recurso presupuestal de la partida 361, que tiene asignados cuatro millones 500 pesos y sólo ha ejercido 408 mil 579 pesos, por lo que hay cuatro millones 91 mil 420 pesos disponibles.
Al respecto, el diputado Enrique Velázquez González refirió que hubo algunas confusiones, ya que el Pleno ordenó al Secretario General que revisara la posibilidad de disponer del fondo para llevar a cabo las consultas públicas, por lo que en la Comisión de Administración no se iba a discutir si se realizan o no, sino exclusivamente hablar de la suficiencia presupuestal, si bien la fracción parlamentaria del PAN ya había expuesto que renunciaba a la parte que le correspondiera. Al no aprobarse, dijo que se volverá a tratar ese tema en la asamblea.
Destacó la trascendencia de esas consultas, como parte de la democracia y vincular a la sociedad, ya que así lo aprobó el Pleno, en lo que coincidieron los diputados Jesús Palos Vaca y Norma Angélica Cordero Prado. Apuntó que a nivel nacional se lleva a cabo la relativa al salario mínimo, por lo que el PAN no está en contra de estos procesos, pero renunciaron a obtener los fondos que les corresponda, porque considera que debe ser responsabilidad de quienes la promuevan y no que las financie el Congreso, por lo que votó en contra disponer de esa partida.
El diputado Jaime Prieto también destacó la importancia estas consultas, como la realizada en cuanto a la Ley de Víctimas y la que se efectúa actualmente para sancionar el maltrato a los animales, y reiteró su posicionamiento la diputada presidenta de la Comisión, Celia Fausto Lizaola, ya que son para robustecer las legislaciones o crear nuevas normas, ya que debe ir dirigida a todos los sectores en los ámbitos que correspondan.
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