LEGISLADORES DEL G-9 RECIBIERON PROPUESTA DE NUEVA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Fue elaborada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la plataforma “Haz tu Ley”.

En un acto catalogado como histórico, los diputados integrantes del G-9 encabezados por Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Mesa Directiva del Congreso y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, recibieron la propuesta de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco, de parte de los representantes del Congreso Ciudadano, ¡Acción Ciudadana Ya! y Observatorio Legislativo del ITESO, que elaboraron dentro de la plataforma electrónica “Haz tu Ley”.

El legislador dijo que asumen el compromiso de impulsar y ser portavoz de las propuestas y exigencias ciudadanas que se plasmaron a través de dicha plataforma. Es una prueba de que “Haz tu Ley” es una herramienta que sirve fundamentalmente a los ciudadanos, y que es obligación como representantes populares llevar la voz de la sociedad al Congreso, y seguramente será una de tantas iniciativas que podamos procesar en el futuro.

 Precisó que los diputados del G-9 han trabajado en una iniciativa sobre el mismo tema, que se presentará formalmente en la próxima sesión del Congreso, y que coincidirá en mucho con las propuestas que hicieron dichas asociaciones ciudadanas, para enriquecerla. Mencionó los cuatro ejes que la sustentan:

  • Fortalecimiento de la autonomía institucional de la Auditoría Superior, por encima de quienes la dirijan, de los grupos políticos y del Congreso, quitando facultades discrecionales en el manejo de las cuentas públicas  y fijando con claridad las responsabilidades de todas las instancias involucradas en el proceso de fiscalización.
  • Diseño de contrapesos y equilibrios entre las ASEJ y el Congreso, dándole dientes y verdaderas responsabilidades a la Comisión de Vigilancia; haciendo obligatorias las auditorías de la ASEJ; ampliando las causales de sanción a los funcionarios de la misma; profesionalizando la Unidad de Vigilancia, y fijando un mecanismo de transparencia y publicidad en el orden de ingreso y prelación de las cuentas públicas.
  • Corregir las inconsistencias jurídicas, fijando plazos claros para evitar las congeladoras y el manejo discrecional en la aprobación de las cuentas públicas, para resolver competencias contradictorias entre el Congreso y la ASEJ, particularmente en lo que respecta a la devolución de las cuentas.
  • Generar mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización, como discutir la solicitud de auditorías especiales, la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas, entre otros puntos.

Anticipó que se hará una exposición amplia del tema y subrayó que el rubro de la fiscalización compete a todos: especialistas, ciudadanos organizados, diputados y a las instancias involucradas, desde la perspectiva técnica, por lo que propuso iniciar una discusión pública para que los interesados puedan abonarle en positivo a las ideas que están presentándose el día de hoy, y a lo que los diputados del G-9 harán también de manera oportuna.

“Creo que la hace muy bien a Jalisco tener una amplia discusión, sin restricciones, sin censura, con amplitud, para tener un mejor sistema de fiscalización y eventualmente de rendición de cuentas”, y agregó que ojalá que a partir de la discusión, también se trate lo relativo a la Ley de Participación Ciudadana, que es una demanda social, como lo es el tema de la fiscalización.

Por su parte, el diputado Martínez Mora, acompañado también de los legisladores Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Alberto Esquer Gutiérrez, Julio Nelson García Sánchez, Ricardo Rodríguez Jiménez y Salvador Zamora Zamora, se refirió al convenio de colaboración firmado por el grupo de legisladores con dichas asociaciones, como alianza, que permita visualizar el beneficio de los ciudadanos de Jalisco y que los lleve a hacer historia; que el Congreso del Estado sea una fuente de espíritu, deseos y sobre todo de propuestas de la sociedad, y responder a las promesas que se hacen en campaña.

Manifestó la necesidad de que se sumen los 39 diputados que integran la Legislatura, “con la convicción absoluta que el respeto al ciudadano, que es el dueño de este país, que a través de los impuestos nos dan los recursos para sostener los aparatos burocráticos que en muchos casos es un enorme dispendio de los recursos económicos,  puedan hacer la crítica a través de las redes sociales…y que ejerzan la verdadera presión para evitar la mentira y el engaño de los políticos, en el quehacer y en el hacer de la vida política de nuestro Estado”. Finalmente, invitó públicamente al Auditor Superior del Estado, para que entre a la discusión del tema de fiscalización para conocer su opinión de la iniciativa.

Propuesta ciudadana

Por parte de las asociaciones ciudadanas que presentaron la iniciativa para la fiscalización y rendición de cuentas, tomaron parte Cecilia Díaz Romo, Margarita Sierra, Israel García, Diego García Preciado y la académica de la Universidad de Guadalajara, Aimeé Figueroa Neri.

Abrió los puntos básicos de la propuesta, Cecilia Díaz Romo, coordinadora de la iniciativa,  y señaló que se trata de un hecho histórico en la vida democrática del país. “La apertura de una inédita vía de incidencia formal y responsable, por parte de la sociedad civil en uno de los procesos de gobierno más importantes: la elaboración de leyes y reglamentos que deben tener como objetivo central dotar a los ciudadanos y ciudadanas de una plataforma sólida que permita alcanzar mejores y más justos niveles de vida”.

Recordó que en el transcurso de las tres últimas legislaturas la sociedad ha alzado la voz señalando la “necesidad de mejorar las reglas del juego en lo que toca a una adecuada fiscalización y rendición de cuentas del dinero público. En este tema, se ha incurrido en fallas regulatorias que ha llevado a la ciudadanía en una situación de grave indefensión, ante la corrupción e impunidad de quienes abusan, cometen dispendios, usan discrecionalmente para fines personas o de grupo, o simplemente realizan un mal ejercicio y administración de los impuestos, es decir, de nuestro dinero”.

Por lo tanto, dijo que se entrega a los nueve legisladores con quienes se firmó un convenio, la primera propuesta ciudadana para trabajar una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado Jalisco, para su consulta y enriquecimiento por medio del proceso legislativo tradicional, enriquecido ahora y por primera vez, con la permanente interactividad y monitoreo de la sociedad civil, a través de la plataforma haztuley.mx.

Invitó a los diputados de la LX Legislatura a recibirla y sumarse a ese trabajo para construir un marco jurídico que obligue a todos los funcionarios públicos a observar conductas que garanticen el correcto, honesto y eficiente trabajo de los dineros públicos, y sancione puntual y severamente a quienes no lo hagan.

En su turno, Aimeé Figueroa habló del estudio que se hizo respecto a la fiscalización superior y en particular a la última evaluación de las leyes respectivas, que publicaron la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano para la Competitividad, de manera conjunta, en la que la normativa vigente en Jalisco obtuvo 71 puntos de 100 posibles, por debajo del promedio nacional que fue de 78.4 y muy alejada de las mejores legislaciones del país que obtuvieron 98  y 95 puntos, que fueron las de Colima y Querétaro, respectivamente.

Luego concretó la propuesta de fiscalización, de la manera siguiente:

La actuación de las comisiones de Vigilancia y de Hacienda y Presupuestos del Congreso, estableciendo plazos fatales para la realización de sus encomiendas y sanciones a sus integrantes, cuando incumplan sus responsabilidades; a la Auditoría Superior, la cual deberá ser un organismo dotado de autonomía técnica y de gestión, siendo supervisada externamente por una Unidad de Vigilancia, dependiente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, e internamente por su propia contraloría.

Además, es necesario que se amplíe el catálogo de causas graves de responsabilidad por parte de los integrantes de la Auditoría Superior, e incluir una figura similar a la renovación de mandato para el Auditor Superior, cuando la sociedad le pierda la confianza, y el procedimiento para la revisión de la cuenta pública del Congreso del Estado, que actualmente en revisada y aprobada por el propio Congreso.

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