Con el objeto de transformar la cultura laboral y disminuir la brecha salarial en la entidad, los diputados de la sexagésima tercera Legislatura aprobaron con 36 votos a favor, modificar las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Orgánica del Poder Ejecutivo y Judicial y para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.
Entre los conceptos que se integran en el marco normativo, se establece la remuneración igual a trabajo igual bajo el principio de igualdad sustantiva, la consideración de factores relacionados con responsabilidades, funciones, cargas de trabajo, necesidad de formación y condiciones laborales; se establece además como obligación del Poder Judicial la implementación de políticas de igualdad y no discriminación que garanticen un trato digno.
También se incorpora dentro del concepto de violencia económica, aquella que afecte la supervivencia de la víctima con acciones encaminadas a controlar, privar o restringir sus percepciones económicas.
De la misma manera, en el concepto de violencia laboral se amplía a la negativa ilegal de contratar a la víctima o respetar su permanencia y se establece como facultad del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, promover certificaciones en igualdad laboral y no discriminación previstas en las Normas Mexicanas.
Cabe referir que, de acuerdo a la exposición de motivos, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que, entre las posibles causas de disparidad de sueldos entre hombres y mujeres, se encuentran los estereotipos persistentes, la pobreza y los problemas de continuidad laboral relacionados principalmente con la maternidad.
