LA REINSERCIÓN SOCIAL DEBE SER UN SISTEMA ESPECÍFICO Y CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE MEJORE

14 Junio 2017

En la realización del Foro para analizar el tema, se hicieron valiosas propuestas por legisladores, jueces, autoridades y representantes de la sociedad civil.

La reinserción social de quienes son privados de su libertad, debe basarse en un sistema específico, de acuerdo a las políticas públicas para que efectivamente los apoye y beneficie; deben ser tratados como personas y no calificados de delincuentes, por lo que es necesario  capacitar al personal de los centros penitenciarios y a quienes ejercen la justicia; comprometer más la participación del sector empresarial para darles oportunidades laborales con dignidad; fomentar la educación y las actividades recreativas y deportivas que les ayuden; que el gobierno estatal asuma su responsabilidad con la aplicación de los recursos suficientes, y que los diputados hagan su parte para encontrar las disposiciones legislativas que logren estos objetivos.

Los puntos mencionados son parte de los planteamientos que hicieron funcionarios, legisladores, jueces y representantes de la sociedad civil que participaron en el Foro “¿Qué pasa con la Reinserción Social?”, que llevaron a cabo la Comisión de Readaptación y Reinserción Social, que preside la Diputada Martha Villanueva Núñez y el Colectivo Ciudadano Pro Justicia, en el Congreso del Estado, en el que también se destacó la importancia que tiene la educación familiar y que se recuperen los valores morales, con el fin de disminuir los actos delictivos y que quienes recuperen su libertad no reincidan.

La apertura de los trabajos del Foro estuvo a cargo de la Diputada Villanueva Núñez y manifestó que la “reinserción debería ser la consecuencia del cumplimiento de la sentencia y el resultado de la orientación adquirida mediante actividades con sustento en el cuidado de la salud, el deporte, la capacitación para el trabajo y el trabajo mismo” al interior de los centros penitenciarios, por lo que este sistema debe adecuarse a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el tema laboral, y no se debe continuar fuera de la norma y exigir buenos resultados.

Agregó que el “organismo público descentralizado Instituto Jalisciense de Reinserción Social tiene más de 30 años sin dar los resultados esperados, “además de la opacidad en la que se encuentra”, por lo que el Gobierno del Estado  necesita escuchar la necesidad de que esa institución se transforme. Además, el combate a la inseguridad también se debe realizar propiciando un trabajo adecuado al interior de los centros de reinserción social.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Diputado Ismael del Toro Castro, hizo la declaratoria inaugural del Foro y destacó la vinculación que ha tenido el Colectivo Pro Justicia con el Poder Legislativo, así como la participación de académicos, jueces y expertos en el tema, por lo que se espera que los resultados sean de gran utilidad, y no exclusivamente de la responsabilidad de los diputados, sino compartida, en un ejercicio de parlamento abierto que ha significado a la actual Legislatura.

Los ejes de la reinserción

Por su parte, el Fiscal de Reinserción Social, Mtro. Carlos Antonio Zamudio Grave, agradeció a nombre del Gobierno del Estado su participación en el Foro, expresó que efectivamente la Ley Nacional de Ejecución Penal expresa que la reinserción es el pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medidas ejecutadas, con respeto a los derechos humanos, y se toma como base el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, por lo que se han implementado esos ejes en programas específicos de las áreas técnicas de los centros penitenciarios, para hacerlos realidad, con una comisión intersecretarial de instancias gubernamentales que tienen vinculación. Ofreció la apertura de la Fiscalía que encabeza y la disposición para escuchar opiniones y sugerencias para la reinserción efectiva y evitar la reincidencia delictiva.

A continuación, la Diputada Claudia Delgadillo González, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, y la Lic. Patricia Mestas Torres, Directora de Vinculación Laboral del Sistema Nacional de Empleo, presentaron sus propuestas respecto a la reinserción.

Creció la reincidencia

La legisladora Delgadillo González hizo notar que según datos del INEGI, del 2013 al 2016, de cada 100 personas acusadas por delitos del fuero común, el 45 por ciento de ellas reincidieron, y considera el dato muy alto por las consecuencias negativas ante la sociedad, por lo que es necesario ofrecerles oportunidades para que se ocupen en el campo laboral, y que de acuerdo a lo aprobado en el Congreso, se les restituyan sus derechos y no sean discriminados, ni se les exija la carta de no antecedentes penales en las empresas donde puedan desempeñarse.

Hizo notar que debe cambiar la práctica negativa de discriminación para que las empresas tengan un compromiso real que abone a la reinserción, por lo que desde el Congreso habrá de trabajarse en las políticas públicas más adecuadas para lograrlo, otorgándoles estímulos y apoyos para que se sientan comprometidas. También incentivar la educación a las personas que salen de las cárceles para que tengan una mayor preparación.

La Lic. Mestas Torres explicó que a través de la dirección que ocupa, se acude a las empresas para apoyar la reinserción con un empleo formal. Que haya más apertura para que recuperen sus documentos de identificación, pues este proceso llega a tardar hasta seis meses, y sugirió que los empresarios destinen cuando menos el dos por ciento de sus vacantes para ocupar a quienes recobraron su libertad.

Participación de jueces

En el Foro tomaron parte de manera especial (en su calidad de ciudadanos) los jueces Roberto Carlos Ramos Camacho, Luis Ignacio Ceja Arias, Damián Campos García y José de Jesús Estrada Navarro, quienes hicieron amplia explicación de los procesos jurídicos que llevan a cabo de manera cotidiana.

Hicieron una serie de recomendaciones a efecto de que la reinserción social sea más efectiva, como es la integración de un sistema especial con los recursos suficientes, como una inversión importante, para que en realidad se logre un avance y disminuya la reincidencia delictiva. Asimismo, en cuanto a las reformas que deben hacerse en las legislaciones estatales para adecuarse a la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la aplicación de nuevas políticas públicas para un sistema que evite en lo posible la reincidencia delictiva.

Que se traten como personas

La Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula, Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expuso las actividades que llevan a cabo y enfatizó que en la reinserción social el Estado debe proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, y que no se les deben tratar ni calificar como delincuentes, sino como personas.

Más participación empresarial y otros foros

Al Foro asistieron también el Mtro. Rafael Castellanos, Notario Público, y el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, Director de “Conciencia Pública”, quienes participan en el Colectivo Ciudadano Pro Justicia, y destacaron la importancia que tiene analizar el tema de la reinserción, a fin de que mejore y tengan mayores oportunidades quienes recobren su libertad, con más colaboración del sector empresarial y los ciudadanos. Al mismo tiempo, se anunció la realización del siguiente foro denominado “¿Qué pasó con la Capacitación? Recapacitemos”, en alusión a la preparación de los policías, y uno más relativo a la ejecución de penas.

Criterios de justicia

Por su parte, la Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Mtra. Guadalupe Morfín Otero, manifestó que “ojalá al reflexionar en torno a la reinserción lo pensemos al igual que lo que sigue sucediendo intramuros, en cárceles federales, estatales y municipales, como agenda necesaria y pendiente, a la que le hacen falta las miradas y el monitoreo de la sociedad y de los órganos garantes”.

El nuevo escenario implica que la reinserción debe asumirse como un “conjunto de derechos y de criterios de justicia penitenciaria, para pasar del tratamiento correctivo al trato digno”,  refiriéndose a lo expresado por Miguel Sarre, quien fuera Tercer Visitador de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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